Este martes ha tenido lugar en la Audiencia Nacional la segunda jornada del juicio contra doce militantes de Causa Galiza y Ceivar, acusados de «enaltecimiento del terrorismo» y «pertenencia a organización criminal para la comisión de delitos de enaltecimiento de organización terrorista y de sus miembros».

Al igual que hicieron el lunes nueve de los imputados, para quienes la Fiscalía pide penas de entre 4 y 12 años de prisión, Alfonso García e Iria Calvero han rechazado la acusación, y han explicado que Ceivar es «un organismo antirepresivo que denuncia la represión del Estado español en Galicia» y defiende los derechos de las personas perseguidas, sobre todo independentistas.

García ha reconocido su participación el 13 de mayo de 2017 en un acto convocado con motivo de la excarcelación de Antón Santos Pérez, condenado por su presunta vinculación a una supuesta organización armada. «Es una muestra de cariño a alguien que sufrió una condena, que acaba de salir de la cárcel y que consideramos que sufrió una condena doble o mayor por ser presos políticos», ha destacado.

Y ha negado que se hayan realizado llamamientos a la violencia en los actos solidarios organizados por Ceivar. Es más, ha advertido de que la violencia no es el factor común, sino «la represión española en Galicia».

En el mismo sentido se ha pronunciado Calvero, que ha confirmado su participación en recibimiento a presos y presas gallegas, y ha incidido en que Ceivar «es una organización que da asistencia jurídica a personas que son represaliadas por su militancia política».

«Vías exclusivamente pacíficas»

En la sesión de este martes también han declarado dos miembros del BNG, que han dejado claro que «desde el BNG mantenemos una apuesta clara e inequívoca por el uso de vías exclusivamente políticas, democráticas y pacíficas. Y a la hora de mantener relaciones con Causa Galiza partimos de esa misma base».

Conviene recordar que los imputados ya señalaron el lunes que Causa Galiza es «una plataforma amplia a favor de la soberanía nacional, de los derechos de determinación de Galicia, en la que estaban integradas multitudes de organizaciones políticas, sociales y personas a título individua».

La Fiscalía y los investigadores que participan en el proceso, que comenzó con la “Operación Jaro”, han vuelto a defender la tesis de «enaltecimiento», uniendo los actos celebrados con motivo del Día da Galiza Combatente con la muerte de dos militantes del Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive en 1991.