El Institut d’Estudis de l’Autogovern, del cual usted es director, ha presentado un informe en el que a parte de constatar que el Supremo español vulneró el derecho de defensa de los acusados, emitió una sentencia que tiene graves consecuencias políticas. ¿En qué sentido?

Creemos que vulnera la inviolabilidad parlamentaria y lamina el principio democrático de la separación de poderes. Esto se visualiza especialmente en la atribución de responsabilidades y las penas impuestas a la expresidenta Carme Forcadell. Al margen de esto, abre la criminalización de los derechos de reunión, manifestación y la libertad de expresión. Pero no solo de las instituciones y los diferentes actores políticos y sociales, también de los ciudadanos, que ven afectado el derecho de representación política.

Para argumentar la condena, el Supremo recurre a adjetivos valorativos y verbos de carácter negativo. ¿Cuál es su propósito?

La idea es presentar el Procés como un hecho imaginario, fantasioso e irracional. Y este tipo de vocabulario, al que se añaden conceptos como «legalidad», «democracia» o «estado de derecho», es la vía para aparentar que el proceso penal y las penas impuestas son impolutas desde un punto de vista legal. Todo con la voluntad de evadir las desautorizaciones que puedan venir de los tribunales europeos.

¿Considera que hubo un sesgo ideológico en toda la instrucción?

Se ve una clara intencionalidad política, pues a parte de utilizar un léxico marcadamente tendencioso, cuando se refiere al delito de sedición no justifica que estemos en un caso de «certeza indubitada» –que la ley penal exige– ni razona por qué los procesados son responsables de los hechos que se les atribuyen. De la misma forma que no motiva la dureza de las penas impuestas ni justifica por qué son diferentes para los 12 condenados.

¿Viendo estas maniobras judiciales, se podría afirmar que la derecha se ha atrincherado para crear un «sotogoverno»?

Es evidente que la cúpula del poder judicial mantiene un posicionamiento político que sobrepasa su función y cuyo vector es la defensa de la unidad territorial del Estado y la homogeneización del pluralismo dentro de la sociedad. En seis instituciones esto se percibe claramente, lo cual explica el vínculo de sus miembros con la cultura política del franquismo: Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional a partir del siglo XXI, Audiencia Nacional, Fiscalía, Consejo General del Poder Judicial y Tribunal de Cuentas.

¿Hay un claro deterioro del estado de derecho en España?

Sin duda, pues en términos de política comparada, lo acercan a Polonia, Hungría o Turquía. Una degradación que está en las «sombras de la Transición» que no se corrigieron, lo cual lo ha llevado a una «profunda aluminosis». Y la sentencia contra los dirigentes del Procés así lo certifica. Àlex ROMAGUERA