Un total de diecisiete organizaciones, entre las que figuran Etxerat y Salhaketa, han solicitado al Ministerio español de Interior que emita una orden dirigida a las fuerza de seguridad del Estado (FSE) «en la que se aclare que no son motivo de sanción los desplazamientos que se producen con el objeto de comunicar con sus familiares o seres queridos que se encuentran en prisión, sea entre provincias de una misma comunidad autónoma o entre comunidades autónomas diferentes, en tanto que dicho desplazamiento constituye una causa justificada de movilidad». 

La organizaciones que firman el documento han recordado que «en la actualidad la mayoría de los centros penitenciarios, con las adecuadas medidas de protección, están permitiendo las visitas a las personas privadas de libertad por lo que, dado que las comunicaciones son un derecho fundamental, no puede verse privado por una norma que no tenga rango de ley orgánica».

Y han advertido de que el decreto que regula el estado de alarma «permite realizar desplazamientos, ya que contemplan la posibilidad de desplazarse ‘por causa de fuerza mayor o situación de necesidad’ o ‘cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada’».

A pesar de ello, las entidades han alertado de que se están interponiendo multas por realizar desplazamientos a prisión; y han apuntado que en algunos casos la sanción «no se impone a la salida del municipio de residencia, sino a la llegada al centro penitenciario».

Expedientes a familiares de presos vascos

Cabe recordar que Sare y Etxerat denunciaron este martes la apertura de expedientes administrativos a nueve familiares de presos vascos que habían viajado a las prisiones de Puerto I, Puerto III y Ávila.

Las asociaciones incidieron en que «ningún familiar ha roto confinamiento alguno. Han viajado provistos de documentos que acreditaban causas justificadas para su desplazamiento: el comprobante de las visitas autorizadas y, además, en el viaje de vuelta, el justificante de que la habían realizado, que se ha expedido en la totalidad de las prisiones, excepto en Granada».