El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, y el titular de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, han explicado en una comparecencia que la norma se encuentra en una primera fase de elaboración y este mismo viernes entra en el periodo de trámite de consulta pública, en el que espera recibir sugerencias de los ciudadanos, que se podrán incorporar a la hora de redactar la norma foral que, según las previsiones, se podría aprobar en mayo de 2021.

Rementeria ha explicado que de esta manera Bizkaia se convierte en institución «pionera» en adoptar esos criterios de desarrollo sostenible a su normativa fiscal para impulsar el proceso de recuperación económica desde esa perspectiva.

En esta primera fase, se van a definir cuáles van a ser los requisitos que deben cumplir las empresas para obtener deducciones en el impuesto de sociedades.

Posteriormente, se concretarán también otras medidas que supondrán ventajas en otros tributos como el de IRPF o de patrimonio, para «llevar a peinar» todos los impuestos desde esos criterios de desarrollo sostenible.

Se trata de salir de la crisis generada por la pandemia asumiendo los retos del desafío demográfico, el cambio climático y el desarrollo de la actividad económica desde la innovación, el emprendimiento y la atracción de empresas, y que ello {se traduzca en una prosperidad inclusiva en base a los valores» de ODS, para lo cual la Diputación firmó un convenio con el Institute for Innovation and Public Purpose dela University Collage London, dirigido por la profesora Mariana Mazzucato.

Valor de la política fiscal

Mazzucato ha explicado que la política fiscal debe ser la herramienta para incentivar que las empresas se involucren en el camino hacia la sostenibilidad y debe «premiar» a quienes ayuden en esa dirección.

A su juicio, los gobiernos locales, regionales, estatales o internacionales ya no deben actuar para corregir los fallos del mercado capitalista sino que la política económica debe actuar para que el crecimiento sea sostenible a nivel global y Bizkaia así lo ha entendido y, después de determinar cuales son los grandes problemas que tiene como sociedad, va a definir en una norma fiscal los criterios sobre los cuales las empresas pueden obtener ventajas fiscales.

Rementeria ha asegurado que la norma tratará de premiar a las empresas alineadas con el desarrollo sostenible y que «todo lo que va a hacer esta administración será con absoluta seguridad jurídica», por lo que no generará problemas respecto la Unión Europea.