Salhaketa ha denunciado el fallecimiento de una presa en la cárcel de Zaballa. Es la quinta persona que pierde la vida en prisión alavesa en lo que va de año.

Según ha explicado Salhaketa, se trataba de una persona, con graves patologías diagnosticadas, «que debería haber sido excarcelada por enfermedad pero que no consiguió plaza en ningún recurso socio-sanitario para obtener la libertad condicional por ese motivo».

La asociación ha señalado que la muerte se produjo la última semana de octubre, y ha censurado «la sistemática política de ocultamiento de estos hechos y de las muertes en prisión, sobre todo a raíz de la epidemia del covid-19».

Ante esta dramática situación, Salhaketa ha pregunta qué piensan hacer los responsables de la cárcel de Zaballa: «¿Se tomarán las medidas preventivas urgentes para la no repetición de estos gravísimos hechos, en todos los casos, previsibles y evitables, o seguirán optando por la pasividad y la no implementación de recursos de pisos de acogida y de atención psicológica y sanitaria solicitada por las personas presas?».

Nuevos recursos fuera de prisión

A su juicio, para acabar con esta situación es necesario implementar nuevos recursos fuera de prisión. «En muchos casos las personas continúan dentro de la cárcel porque los recursos sanitarios públicos y sociales externos no disponen de plazas para facilitar la excarcelación, como sucede en muchas ocasiones con las personas presas enfermas. Ninguna persona debería morir dentro de prisión, y debería de poder acceder a un acompañamiento y unos recursos sanitarios mínimos digno», ha apuntado.

Y ha reclamado la inmediata excarcelación, tal y como contempla la ley, de las personas presas gravemente enfermas, en especial aquellas que se encuentran en fase terminal, así como las que padezcan enfermedades mentales «que, en muchos casos, inducen al suicidio».

También ha pedido que «se faciliten a las familias todos los apoyos necesarios para poder solicitar las responsabilidades civiles y penales que se desprenden del mal funcionamiento de la administración de justicia, así como apoyo sico-social, jurídico…, en evitación de la burocracia y complejidad de los trámites a realizar ante la muerte u otras circunstancias de una persona presa».

Por último ha recordado que «Osakidetza y, por tanto, el Gobierno Vasco, tienen toda la responsabilidad en materia sanitaria en las cárceles que se encuentran en la comunidad autónoma».

«Exigimos al Gobierno Vasco que ejecute las competencias en esta materia y que actúe, en consecuencia, con la máxima responsabilidad. De igual manera, exigimos a Osakidetza y al Gobierno Vasco que se produzca un control exhaustivo de la repartición de la farmacología a las personas presas, la cual debe ser realizada, en exclusiva, por personal sanitario dependiente de Osakidetza», ha añadido.

El martes tendrá lugar una concentración a las 12.00 en la Plaza de la Virgen Blanca para denunciar esta muerte en prisión.