La Ley de Seguridad Global llega hoy a la primera cámara del legislativo francés para avanzar en una tramitación no exenta de polémica.

El capítulo de la ley que ha causado un mayor número de quejas es el que afecta a la labor que realizan los periodistas que cubren protestas públicas.

El Gobierno de Emmanuel Macron ha tratado de desvincular ese capítulo de la ley de un derecho fundamental como es el derecho de información, que consagra la ley de 18 de julio de 1881.

Sin embargo, la redacción especialmente vaga del controvertido artículo 24, en el que se explicita que recibirá pena de un año de cárcel y 40.000 euros de multa para «quien difunda por cualquier medio o soporte imágenes con el objeto de atentar a la dignidad física o psíquica» de policías, gendarmes o militares, ha provocado numerosas críticas.

El texto hace alusión a la toma de imágenes en las que «aparezca el rostro o cualquier otro aspecto que permita la identificación» de los agentes en el curso de una intervención.

Los sindicatos policiales, caso de Synergie o Alliance, aseguran que la nueva ley no implica que se vaya a prohibir que se filmen manifestaciones, o que los policías no vayan a poder ser identificados en el futuro a efectos administrativos y judiciales.

Defienden que la norma va a permitir, por el contrario, «que esos funcionarios no se vean sometidos al escarnio público y desamparados ante acciones de venganza».

La operación de seducción a cargo de los sindicatos policiales ha quedado, sin embargo, totalmente anulada por unas declaraciones realizadas por el ministro de Interior, Gérald Darmanin, a la emisora Franceinfo.

Darmanin evocó así una obligación relativa al uso de las imágenes que ni siquiera aparece como tal en el proyecto de ley que desde hoy analizarán los diputados.

«Si alguien quiere filmar a la Policía y difundir esas imágenes por internet de forma salvaje, tendrá de difuminar los rostros de los agentes», anunció.

Numerosas muestras de rechazo

La afirmación del titular de Interior, interpretada como un intento de endurecer la ley incluso antes de su aprobación, daba alas a la denuncia de por sí fuertemente cimentada por ONG como La Liga de Derechos Humanos, Reporteros sin Fronteras, Amnistía Internacional o Greenpeace, pero también de la Defensora de Derechos para la que no hay duda de que «el texto lesiona derechos fundamentales como la libertad de información y la protección de la vida privada».

Esa posición se ha visto además avalada, en vísperas del debate parlamentario, por tres relatores independientes de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que han alertado al Gobierno de París de los riesgos intrínsecos de la futura ley.

Más de medio millón de ciudadanos han firmado además la petición en línea en la que se solicita la retirada del proyecto de ley.

Con el hashtag #StopLoiSécuritéGlobale son muchos los periodistas, activistas o simples ciudadanos que han colgado videos en los que se ve a la Policía actuando de forma violenta bien en manifestaciones bien en casos de fuerte repercusión mediática como el de Cédric Chouviat, un padre de familia que resultó muerto al ser sometido a una maniobra de inmovilización y asfixia por los agentes que le detuvieron en París por cometer una infracción de tráfico.

El vídeo, recuerda más de un internauta, resultó esencial para que viera la luz una película como ‘Les Miserables’ (2019) del realizador Ladj Ly, que arranca con una filmación casera en que se ve el apaleamiento, el 14 de octubre de 2008, del joven Abdoulaye Fofana en un barrio popular de Montfermeil (Seine-Saint-Denis).

También el «caso Benalla», que permitió desvelar la impunidad con que se desenvolvía el excolaborador de Emmanuel Macron, partió de un vídeo que tomó el militante y ahora periodista social Taha Bouhafs.

En el segundo aniversario de los Chalecos Amarillos

Una grabación convirtió a Jénôme Rodrigues, gravemente herido en el rostro, en el símbolo de las decenas de personas que perdieron también un ojo –o una mano– como consecuencia de las cargas policiales contra las protestas del movimiento de Chalecos Amarillos, que arrancó un 17 de noviembre de 2018.

De ahí que desde la web ‘La Quadrature du Net’ no se dude en relacionar la Ley de Seguridad Integral con la llamada «doctrina de confrontación» que en materia de gestión de orden público está vigente en el Estado francés.

Aunque es la prohibición de filmar rostros de policías la que que ha acaparado más comentarios, la Ley de Seguridad Global contiene otros capítulos polémicos.

Así en su artículo 22 ampara el uso de drones o, lo que es lo mismo, avala la filmación en masa de ciudadanos y en el artículo 21 elimina las últimas restricciones en cuanto al uso de las imágenes captadas por las cámaras móviles de los antidisturbios, abriendo las puertas al reconocimieno facial.

La reorganización de cuerpos de seguridad

Por lo demás la ley incide en la evolución de la Policía Municipal, que en los últimos años ha ido perdiendo el carácter de Policía de cercanía para equipararse a funciones de otros cuerpos e igualmente avanza en la progresiva extensión de las funciones de los agentes de seguridad privada.

Otros dos artículos a reseñar: uno de ellos prohíbe impedir el acceso a un establecimiento público a un militar o policía que, pese a estar fuera de servicio, porte su arma, y el otro contempla que las personas condenadas por acciones en las que se hayan visto perjudicados policías, militares o bomberos, reciban un castigo agravado y tengan más difícil acceder a beneficios penitenciarios.

La ley incluye apartados que dan a entender que solo estamos ante el primer eslabón de un reordenamiento más general de modelo de seguridad interior, como se evoca en el denominado libro blanco de seguridad.

Ese documento de 350 páginas, que no es público pero a cuyas principales conclusiones ha accedido la agencia AFP, es el resultado de un año de consultas de entidades gubernamentales con sindicatos y mandos de Policía y Gendarmería.

Ese proceso de elaboración fue pilotado por el anterior ministro de Interior, Christophe Castaner, y solo ha sido desvelado en parte por su sucesor, que evoca la creación de una dirección única por cada departamento que tendría bajo su responsabilidad la seguridad pública, la Policía judicial y la Policía de fronteras.

La persona que encabezaría esa dirección única de seguridad departamental quedaría bajo la autoridad de una dirección de la «zona de defensa» correspondiente, más extensa que el departamento.

Ese es el esbozo al que habría que incorporar la nueva distribución territorial de Gendarmería –cuerpo tradicionalmente encargado de la zona rural– y Policía –desplegada en ciudades–, que todavía no se ha acordado.

El último intento de abordar el reordenamiento policial data de 2011. Al ser una materia sensible, que genera discrepancias entre electos de las distintas administraciones, podría volver a ser relegada ahora, al menos hasta después de las elecciones regionales y departamentales, previstas para inicialmente para marzo pero que con toda probabilidad serán aplazadas a junio de 2021.