El barrio que alberga la estación de tren, en Biarritz, no fue conocido siempre como La Négresse.

Antes se llamaba Harausta, denominación en euskara que hacía referencia al carácter polvoriento de una zona rica en actividades industriales y de intercambio de mercancías.

Sin embargo, a mediados de la década de los 80 del pasado siglo, la corporación municipal avaló esa denominación de La Négresse, que dataría del XIX, lo que ha llevado a perpetuar hasta hoy una acepción que ha sido calificada hoy en el tribunal de Baiona de «vergonzosa y humillante» por Karfa Sira Diallo.

Este intelectual senegalés afincado desde hace dos décadas en Burdeos es fundador de la asociación Mémoire et Partages.

El colectivo ha presentado una denuncia por vía administrativa para que se revoque esa denominación de La Négresse, que hace referencia a una mujer antillana que servía en un bar situado en esa zona de Biarritz. Otra denuncia por violencia policial opondrá a Diallo con los policías que le detuvieron.

Sin embargo, hoy el Tribunal de Baiona se ha centrado en analizar una cuestión mayor: la acusación por rebelión interpuesta por la Policía contra el poeta senegalés.

Ese delito, que implica uso voluntario de la fuerza, está penado con hasta 35.000 euros de multa y puede acarrear pena de 1 año de prisión, según la legislación francesa.

Ni los partes médicos -un agente, a la sazón un mediático miembro de un sindicato policial, resultó herido leve en una mano- ni la descripción de los hechos dan pie, según la defensa, a sostener esa acusación.

La abogada Colette Capdevielle ha remarcado los vicios del procedimiento, que partió de un control de identidad «injustificado» del que fue objeto el activista cuando participaba con otras tres personas en una protesta pacífica ante la estación de tren de Biarritz. Los policías describen en los partes que han llegado al tribunal al acusado como «un hombre de tipo africano».

El letrado parisino William Bourdon ha ejercido junto a la letrada baionarra la defensa de Diallo, que en su caso ha estado más centrada en remarcar la legitimidad de la causa defendida por el acusado. Este, en su turno de palabra, ha destacado también que el caso por el que se le juzga remite a una «batalla por la justicia y la igualdad».

Petición de pena de multa

La Fiscalía se ha contentado con reclamar una multa de 500 euros, tras defender sin gran convicción el «control preventivo» de que fue objeto Diallo -en razón de la cercanía del acto con la cumbre del G7, que arrancó dos días después del incidente, datado el 22 de agosto de 2019- y el enfado primero y la resistencia violenta después que este habría opuesto ante los agentes.

La acusación particular, en representación de los policías, ha pedido 500 euros en concepto de indemnización.

El tribunal dará a conocer su decisión el 14 de enero de 2021, pero la defensa le ha solicitado no ya la absolución del acusado sino también un desmentido claro en la sentencia con respecto al delito de rebelión «en el que se ampararon los policías para forzar un arresto que no se justificaba», ha explicado Capdevielle.

También su defendido ha expuesto en la sala la dureza de la detención. Como ya hiciera en entrevista con NAIZ, Karfa Sira Diallo ha reflexionado además sobre la peligrosidad de los métodos policiales.

Según ha relatado, vivió una situación tristemente habitual: varios policías se le echaron encima practicándole una «maniobra de inmovilización» que sigue siendo de uso habitual por la Policía gala pese a que ha dado lugar a casos mortales por asfixia, como ocurrió con Cédric Chauviat, en París.

Detención, encierro en una de las celdas-contenedor habilitadas para acoger a detenidos por protestar contra la cumbre del G7, y una larga noche con luz ininterrumpida y banda sonora de lamentos de otros detenidos, «un recuerdo duro incluso para mí, un militante ya curtido en unas cuantas batallas», añadía en esa entrevista Diallo, que hoy no ha ocultado «su emoción» por tener que comparecer ante un tribunal.

La asociación Mémoire et Partages expresaba en vísperas del proceso su solidaridad al encausado mediante un manifiesto, que ha sido firmado por numerosos intelectuales, así como por representantes de partidos y sindicatos. Varios electos del Ayuntamieno bordelés han acudido a Baiona para apoyar a Diallo.

En ese comunicado, el colectivo, que ya ha logrado que por su acción se retiren (o contextualicen) nombres de calles o estelas dedicadas a esclavistas en distintas localidades de Nueva Aquitania, pide en su comunicado que se archive el sumario abierto a Diallo pero también que «acabe la impunidad y los honores atribuidos a personalidades que han participado del ideario racista, esclavista, sexista y colonialista».

Dos aplazamientos y un contexto caliente

Antes de que el covid-19 y una huelga de abogados llevaran a suspender por dos veces el juicio que, finalmente, se ha celebrado este 3 de diciembre, Karfa Diallo se declaraba deseoso de poder emplear la tribuna para defender la acción de cuantos militan para «que se haga memoria y justicia sobre el pasado colonial» pero también para propagar un mensaje «por la igualdad y la fraternidad».

Y ese ha sido el mensaje que ha pasado ante los numerosos periodistas que han acudido a cubrir el juicio, ya a la salida del tribunal.

El calendario ha querido que este proceso judicial coincida con un intenso debate sobre la Ley de Seguridad Global, es decir sobre los métodos policiales y la libertad de expresión.

La fecha no deja de tener otro referente de alto voltaje simbólico, ya que llega en vísperas de las ceremonias oficiales que tienen lugar en el Estado francés -en Ipar Euskal Herria hay un memorial en Itsasu- con motivo de la «Jornada nacional de homenaje a quienes murieron por Francia» en la guerra de Argelia.