En su tercer informe, Behatokia, el observatorio sobre la realidad penitenciaria puesto en marcha por el Foro Social Permanente, ha puesto la lupa a lo que está ocurriendo en la prisión zaragozana de Zuera, como ejemplo de los obstáculos que tiene delante la apuesta de EPPK por la vía legal para vaciar cárceles.

Un dato contundente de entrada: ningún preso vasco ha logrado una progresión de grado desde que llegó a ese penal, pese a presentarse la medida como un acercamiento que mejoraría su situación. «La inmovilidad de grado es absoluta y persistente a lo largo de todos los años de condena del preso. No existe una actitud proactiva ni propositiva por parte de la Junta de Tratamiento. Si se llega clasificado en primer grado penitenciario, se acaba la pena en primer grado. Así finalizaron su condena dos presos durante 2019 y en esa clasificación continúan otros cuatro pese a haber cumplido las tres cuartas partes hace años y tener sus licenciamientos definitivos a la vista», explican los juristas que han analizado lo que ocurre en Zuera.

En cuanto a los clasificados en segundo grado, el mismo bloqueo: «Es sintomática la negativa continuada a la concesión de permisos a presos con cumplimiento avanzado y en puertas del licenciamiento definitivo», constatan con varios ejemplos.

En consecuencia, pese a la previsión inicial de que podía constituir una «oportunidad» de desarrollo legal normalizado, «se puede concluir que Zuera se ha convertido en una estación término, donde el bloqueo detectado en otras prisiones con respecto a los clasificados en primer grado se ve acompañado además de un bloqueo suplementario en el segundo grado, que imposibilita el acceso a las fases posteriores del recorrido penitenciario individualizado». Algo que «también acarrea vulneración de derechos», remarcan.

Con ello queda en agua de borrajas además lo que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, decía en ‘La Vanguardia’ hace apenas tres semanas: «Si una persona progresa de primer a segundo grado se debe cambiar en algunas ocasiones de centro penitenciario, donde se le puedan dar los programas correspondientes. Me parece decisivo».

Casos concretos: Arronategi, Mujika, Murga...

En este momento hay en Zuera ocho presos vascos, aunque algunos traslados más están anunciados a la espera de materialización. Para ninguno de ellos ha habido decisión positiva de la Junta de Tratamiento, incluidos los que ya han salido de esa cárcel. Es el caso del preso enfermo Kepa Arronategi, ahora en un centro hospitalario dependiente de Zaballa: durante su estancia en Zuera se le mantuvo siempre en primer grado, alegándose riesgo de reincidencia pese a la disolución de ETA y su estado de salud.

Dos presos han concluido su condena allí en primer grado hasta el final y lo mismo ocurre a día de hoy con Iñaki Bilbao Gaubeka, Kepa Legina, Francisco Mujika Garmendia y José Luis Agirre Lete pese a tener superados los tres cuartos de condena.

Sobre los que están en segundo grado resulta ilustrativo el caso de Andoni Murga: tras 24 años encarcelado y a meses de agotar la condena, no se le conceden permisos, lo que cortocircuita la opción de pasar a tercer grado además de impedirle pisar la calle.

El informe añade el caso de un preso al que se ha negado ya el permiso ordinario de salida trece veces desde la Junta de Tratamiento (validado luego por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria) pese a haber cumplido 22 años de una condena de 26 y llevar tres en segundo grado. En dos de los casos la Junta sí dio luz verde pero fue el Juzgado quien lo denegó, lo que lleva a Behatokia a concluir que «cae por su propio peso el criterio no escrito de Instituciones Penitenciarias y JCVP de dar curso a las propuestas de la Junta de Tratamiento porque se supone que son quienes mejor conocen a la persona presa».