El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Ministerio de Educación español, a través de la Abogacía del Estado, contra varias resoluciones de la Conselleria de Educación de la Generalitat en materia de uso de las lenguas vehiculares en la enseñanza y obliga a un mínimo del 25% de enseñanza en castellano dentro del sistema educativo de Catalunya.

La sentencia de la Sección Quinta de la Sala del Contencioso administrativo del TSJC declara «la obligación de la Generalitat de adoptar las medidas necesarias para que garantice que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determine, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso». Así, además de la materia de lengua castellana, el tribunal indica que otra asignatura troncal no lingüística debe ser impartida en castellano.

Además, el tribunal dictamina que «en su conjunto, el uso del castellano en el sistema educativo de Catalunya es residual, o al menos así es en una parte significativa de centros y grupos docentes», lo que considera «una infracción del marco jurídico vigente».

En cambio, la sala desestima la petición de que se modifiquen los impresos de preinscripción escolar para que los padres y madres tuvieran acreditado que el castellano sería lengua vehicular en todos los casos, dado que con el cumplimiento del porcentaje mínimo del 25% este ya garantizaría el acceso y uso de ambas lenguas desde la etapa de Infantil.

La Generalitat recurrirá

Por su parte, la Conselleria de Educación de la Generalitat ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. El departamento ha avisado de que la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) –conocida como 'Ley Celaá'– «dejará sin efecto» la sentencia cuando entre en vigor.

La Conselleria también ha lamentado que la sentencia haya llegado antes a los medios de comunicación que a ellos mismos, y ha afirmado que el tribunal «pretende regular la política educativa cuando es competencia del Parlament».

El conseller, Josep Bargalló, también en Twitter, se ha quejado de que «ahora que está a punto de aprobarse en el Senado la nueva ley, los hay que pretenden volver al pasado». Bargalló ha añadido, sobre la resolución, que «saben que no tendrá ningún efecto ni ninguna consecuencia», y ha afirmado que la política educativa no la hacen los jueces.