Nourdine, Ahmed y Abdi ven caer la tarde en la playa de Arguineguín. Enfrente, el océano infinito que casi les engulle. A su izquierda, el diminuto muelle donde pasaron cerca de 10 días hacinados junto a otras 2.600 personas. A su derecha, el hotel donde se les ha realojado temporalmente. Se conocieron en el puerto saharaui de Dajla, epicentro de las salidas y situado a unas 500 kilómetros del archipiélago canario. La travesía, por la que Nourdine asegura que pagó 4.000 euros, duró cuatro jornadas. Salieron ocho embarcaciones, cada una con unas 36 personas. Dos decidieron dar media vuelta y otras dos se perdieron por el camino.

Los tres encajan en un perfil recurrente: jóvenes del interior de Marruecos que huyen de la pobreza y la falta de oportunidades, agudizada por la pandemia. Buscan reunirse con familiares suyos que viven en el Estado español u otros Estados del entorno, pero la Policia española les ha impedido embarcar en el aeropuerto.

Abdi, con 21 años es el más joven y sonriente. Trabajaba como cantero. Muestra un documento del Ministerio del Interior en donde se resuelve su inminente devolución. Los demás han recibido la misma respuesta. «Si me devuelven, iré a vivir a la calle porque he perdido todos mis ahorros, pero lo volveré a intentar a la mínima oportunidad que tenga porque allí no tengo futuro», afirma el chico.

Securitización y pactos

Cerca de la mitad de los migrantes proceden de Marruecos y el resto, de Argelia, Mauritania, Mali o Senegal, entre otros. La mortífera ruta atravesando el desierto del Sahel hacia Libia ha ido virando hacia el oeste como consecuencia de la securitización y pactos con los Gobiernos de Libia. «Todos los acuerdos benefician a los actores, pero no a los sujetos», dice Txema Santana, técnico de CEAR Canarias.

Los memorandos con Senegal, Mauritania y Mali así como el acuerdo con Marruecos han reactivado, por su parte, las devoluciones, que a veces se producen incluso a un país que no es el original de procedencia. A día de hoy se están produciendo unas 80 devoluciones al día a Marruecos, adonde el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajó de visita oficial recientemente. Las derivaciones oficiales a la península se están haciendo a cuenta gotas y con el foco puesto en las personas más vulnerables. Apenas han llegado 2.000 en lo que va de año, según el diario “El País”.

El Ejecutivo español ha puesto en marcha el Plan Canarias, que prevé la construcción, antes de 2021, de seis espacios de acogida humanitaria de emergencia y un CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros). La capacidad proyectada es de 7.000 personas. En las islas hay ahora 8.000, según la Cruz Roja. El 80% está repartido en los hoteles, que tienen una tasa de ocupación próxima al 20%, según CEAR Canarias. El sector turístico, del que depende directamente el 35% de los canarios se ha visto muy afectado por la pandemia.

La construcción de estos nuevos centros alivia la situación sobre las islas. No obstante, su creación, unida al bloqueo de salidas en el aeropuerto así como a la llegada de personal de Acnur, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Frontex, actores claves en las islas griegas y el Mediterráneo Central, han hecho que, en palabras de Santana, se esté «conceptualizando» a las Islas Canarias como «una plataforma de retención, identificación y expulsión».

Para Miguel Urbán, eurodiputado y miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Canarias sigue la misma lógica que Sicilia y Lampedusa o que el mar Egeo. «Canarias se inserta en un modelo de externalización de fronteras con la demarcación de islas tapón y cárceles a cielo abierto; es un efecto pendular, pues ya fue el laboratorio de estas prácticas en 2006 y ahora vuelve a convertirse en el foco de las políticas de la Europa fortaleza», explica el integrante de Anticapitalistas.

Según la OIM, 593 personas habrían muerto en lo que va de año intentando alcanzar las costas canarias. Estima que perecen una de cada veinte personas que intentan la travesía. No obstante, nadie conoce el número real.

Casi imposible llegar

El colectivo Alarm Phone, que recibe avisos sobre los que se acaban de embarcar señala que en lo que va de año han asistido a 40 embarcaciones, de las cuales solo llegaron la mitad. Del resto, siete volvieron a Marruecos, 3 naufragaron y 5 están desaparecidas. «Aquí no tienen teléfonos por satélite como en el Mediterráneo Central», afirma Paola, miembro del colectivo.

El grupo de rescate alemán Sarah Seenotrettrung alquiló un barco pesquero al sur de Gran Canaria a finales de noviembre para operar durante diez días. Su director, Thomas Nuding, explica que aunque solo llegaron a alejarse 55 millas de la costa, en cuatro o cinco días de travesía encontraron cuatro embarcaciones vacías, que ya que habían sido rescatadas anteriormente por Salvamento Marítimo.

«Las embarcaciones que encontramos usaban motores de 15 caballos, lo que hace casi imposible que se recorran las inmensas distancias de la ruta, que implican cerca de 100 horas con el motor funcionando a pleno rendimiento y la barca sobrecargada. En una de ellas encontramos un GPS que señalaba que venían de un punto a 450 millas náuticas», recuerda.

Por su parte, el barco vasco de rescate Aita Mari, que opera en el Mediterráneo Central no se plantea su trasladarse al Atlántico. «Creemos que no es la misma situación, porque en este caso, España está cumpliendo con su obligación y está rescatando, no como sucede con Italia o Malta, no obstante el Estado tiene un montón de recursos en sus puertos que no utiliza», señala Daniel Rivas, portavoz de Salvamento Marítimo Humanitario.