18 horas después de que en más de 200 localidades se demandaran soluciones a la cuestión carcelaria, Sare ha reenfocado los objetivos pendientes con la ayuda de datos objetivos. En una comparecencia de balance en Bilbo en la que han participado Joseba Azkarraga y Begoña Atxa, ha destacado la pluralidad alcanzada y ha detallado cinco reivindicaciones concretas.

La red traslada a las fuerzas políticas y sindicales vascas, además de al conjunto de la sociedad, que 2021 debe ser en primer lugar el año de «la aceleración de los acercamientos de todas las personas presas a cárceles de Euskal Herria», de modo que los actuales traslados a prisiones del entorno «sean solo un paso intermedio de corta duración».

Junto a ello, toca lograr la excarcelación de las personas con enfermedades graves incurables o edad avanzada; la revisión general de la progresión de grados, con «concesión inmediata de la libertad condicional a quienes hayan cumpido dos terceras partes de condena, previa clasificación en tercer grado»; y la concesión de permisos en los casos en que se siguen negando, más aún teniendo en cuenta que con ello se torpedea el paso a tercer grado.

En la agenda de 2021 se introduce también la reivindicación de «la derogación de las medidas excepcionales contenidas en la Ley Orgánica 7/2003», aprobada por el Gobierno Aznar para extender los cumplimientos efectivos de condenas de cárcel hasta los 40 años. Esta norma introdujo un cambio de paradigma al restringir tremendamente los permisos, terceros grados, libertades condicionales...

Tras el consenso apreciado el sábado en el acto del Euskalduna y también en las plazas vascas, Sare destaca que «estas cuestiones las queremos abordar desde la colaboración con la mayoría política vasca. Es esta la única forma de avanzar». Anuncian contactos próximo al respecto. Y subraya en paralelo que la red continuará con «su estrategia de ampliación de su base social, desde la pluralidad», incluyendo a «las víctimas de todas las violencias sufridas en nuestro país, con las que continuaremos dialogando».

Su impresión del momento se reúne en esta frase de la comparecencia: «Estamos ante un tiempo de esperanza, pero solo se materializará si empujamos tenaz y unánimemente en esa dirección».

En números

Las cinco reivindicaciones han sido reflejadas en datos. Así, si bien el acercamiento ha ganado ritmo desde el verano en el Estado español, en la actualidad el 29% se encuentra todavía a entre 600 y 1.100 kilómetros de distancia, y un 20% más a entre 400 y 600.

Deberían estar en libertad 60 presos y presas que han cumplido ya la parte de sus condenas que daría paso a la condicional, a las que sumarán otras ocho en el transcurso de este 2021. También los 17 que se encuentran enfermos graves.

En cuanto a la clasificación, 107 se encuentran todavía en primer grado, 71 en segundo y únicamente 9 en tercero. «Algunos de estos presos están siendo puestos en libertad tras el cumplimiento íntegro de sus condenas de hasta 30 años, estando aún en primer grado penitenciario», han recordado para añadir que «es una anomalía difícil de entender en un Estado que se dice de Derecho».

Cuestión especialmente grave es de las «leyes aberrantes», adjetivo que han dirigido a la 7/2003 o la trampa articulada para no descontar condenas cumplidas en otros estados. La primera situación afecta a 70 personas presas que están abocadas con esa norma a pasar 40 años entre rejas. La segunda alcanza a unos 50.

«Y a ello hay que añadir la dudosa pulcritud judicial de numerosas condenas dictadas al calor de una opinión pública espoleada en caliente por la estrategia antiterrorista», han apuntado los representantes de Sare, apostillando que «deberían ser revisadas desde una legislación ordinaria y no excepcional».

En resumen, una tarea ingente a abordar desde la amplitud reflejada este sábado y con una interpelación añadida a «la alianza de fuerzas progresistas en el Estado, que tiene en su mano la oportunidad de dar pasos hacia la normalización por la vía de la legislación ordinaria y no de la excepcional que ha creado normas incompatibles con el Estado de Derecho. Urge aprovechar este tiempo para dar pasos firmes».