La empresa Verter Recycling, gestora del vertedero de Zaldibar que se derrumbó hace un año sepultando a dos de sus trabajadores, ha exigido «mayor rigor» al Gobierno de Lakua en la determinación de los daños y advierte de que, en cualquier caso, no sería la única responsable de los mismos.

El expediente de Responsabilidad Ambiental del Gobierno Urkullu atribuye a Verter la responsabilidad de los «daños significativos» que se han producido en las aguas superficiales y subterráneas y en el suelo por el derrumbe y fija un plazo de diez días hábiles, prorrogables en otros cinco, para que la empresa presente un proyecto de reparación de los daños medioambientales sufridos.

En una nota, la empresa ha reprochado al Ejecutivo que la resolución en la que atribuye a Verter, en su condición de operador de la instalación, la responsabilidad medioambiental relativa a ese suceso y le obliga a reparar los daños medioambientales que se han generado a consecuencia del mismo, «se ha emitido sin las adecuadas garantías procedimentales y obviando metodologías y guías establecidas para la cuantificación de daños».

Por ello, la compañía ha pedido «un mayor rigor en lo relativo a la adopción de una valoración y medidas de esta importancia y transcendencia, tanto en lo que respecta al procedimiento debido, como a las conclusiones finales de dicha resolución».

Con relación a las responsabilidades a las que se hace mención en la resolución, la empresa ha rechazado que «se den las condiciones legales necesarias, según lo establecido por la Ley de Responsabilidad Ambiental, para la atribución de la responsabilidad en los términos establecidos en la resolución y, muchos menos, con carácter exclusivo sobre la empresa».

«La concurrencia de responsabilidad por parte del operador y la determinación de la significatividad del daño requieren de una cuantificación conforme a la metodología establecida en la normativa que no ha sido tenida en cuenta en este caso», ha afirmado.

Verter Recycling ha rechazado también que se haga responsable de lo ocurrido «de manera única y exclusiva, dada la eventual concurrencia de responsabilidades de otros agentes intervinientes». Elude precisarlos, pero parece con ello devolver la pelota al tejado de la Administración, cuyo control fue deficiente a tenor de los datos conocidos en febrero y marzo.

«Compromiso de colaboración»

Además, Verter ha destacado «su compromiso de colaboración en las labores de remediación y estabilización de la zona, así como en los trabajos de rescate del cuerpo de Joaquín Beltrán», -operario que aún sigue desaparecido- y ha asegurado que desde el derrumbe se implicó «en el esclarecimiento de las razones que provocaron este fatal accidente».

Según ha considerado, es «imprescindible» que las actuaciones para depurar responsabilidades «se hagan con el rigor necesario para garantizar unas conclusiones debidamente sustentadas en hechos objetivos, tal y como exige la Ley».

A su entender, «la resolución dictada por el Gobierno Vasco ha prescindido del trámite de audiencia a las partes implicadas que es preceptivo según la Ley de Responsabilidad Ambiental» y sobre la presunta responsabilidad de la empresa en los daños en las aguas subterráneas y en el suelo, que se cataloga como «significativos», Verter ha opinado «que se han realizado sin la cuantificación del daño conforme a la metodología existente dando lugar a conclusiones no fundadas en datos objetivos».

Para la empresa, «resulta sorprendente que, conociendo la envergadura que requiere la preparación de un plan de restauración de la zona, se emplace a la empresa a entregarlo en un plazo de 10 días, más 5 de posible prórroga».