«La Sala de Reconocimiento de la JEP les ha imputado a ochos miembros del antiguo Secretariado de las extintas FARC crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del Caso 01», ha informado la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll.

Según la magistrada, la calificación jurídica dada a los exintegrantes del Secretariado, actualmente dirigentes del partido político Comunes, «es el máximo reproche que este tribunal puede hacer y responde a las graves violaciones del principio de humanidad».

Los imputados están acusados de privar a numerosas personas de su libertad y en consecuencia, la Sala de Reconocimiento también les acusa de otros crímenes de guerra relacionados como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

Los acusados son Rodrigo Londoño, último jefe de las FARC-EP y actual presidente de Comunes, partido surgido de los acuerdos de paz de La Habana; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, así como los también excomandantes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera –fallecido esta semana–, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

La JEP, tribunal creado a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016, ha llegado a esta decisión después de dos años y medio de investigación en los cuales ha examinado archivos judiciales que incluyen documentos y computadores incautados en operaciones militares, extensos informes entregados por la Fiscalía y la sociedad civil.

Junto a ello, ha tenido en cuenta las versiones individuales y colectivas de 257 excombatientes, en las que muchos han reconocido su responsabilidad, y las observaciones de 1.028 víctimas.

El «Caso 01», que ahora será denominado «Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad», fue abierto el 4 de julio de 2018. Tiene acreditadas a 2.107 víctimas, 394 de ellas integrantes de la fuerza pública, y prioriza las «retenciones ilegales de personas por parte de las FARC, principalmente entre 1993 y 2012», investigación que abarca más de 9.000 hechos ocurridos durante esa época.

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción sostiene que lo que ha investigado «no son errores en la guerra sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad», según ha declarado el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes.

Comunicado de los Comunes

Londoño, Catatumbo, Gallo, Parra, Alape y Granda han hecho público un comunicado a través de los Comunes en el que saludan «el avance de la Justicia Especial para la Paz que demuestra la solidez de los instrumentos creados por el Acuerdo Final de Paz» y piden que «se respeten las rutas establecidas en estos procedimientos».

Explican que durante las comparecencias, tanto individuales como colectivas, relacionadas con el caso mencionado, tuvieron «la oportunidad de aportar verdad, contribuir a esclarecer hechos de secuestro y satisfacer demandas de las víctimas» y aseguran que «esa conducta nuestra no cambiará ya que nuestro compromiso con la paz y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición es indeclinable».

Añaden que una vez examinado el auto junto a sus abogados, denifirán su posición ante este auto «en el tiempo estimado jurídicamente para ello».

Comunicado la opinión pública

Agradecemos a Colombia y a la comunidad Internacional su acompañamiento al proceso de implementación y saludamos el avance de la JEP que demuestra la solidez de los instrumentos creados por el Acuerdo Final de Paz. pic.twitter.com/FLV3wAmhsx

— Rodrigo Londoño (@TimoComunes) January 28, 2021

Declaración de perdón del 14 de setiembre

Los antiguos miembros del Secretariado de las FARC-EP también han recordado la carta en la que piden perdón por los secuestros que hicieron pública en setiembre pasado.

«Siempre hemos reconocido el secuestro. En una carta pública lo asumimos de manera autocrítica como uno de los grandes errores que se cometieron en medio del conflicto. Desde allí se desprende nuestra posición», ha señalado en su cuenta de Twitter el excomandante en jefe de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, «Timochenko», aludiendo al reconocimiento público que hizo el antiguo Secretariado de la guerrilla el 14 de setiembre de 2020.

En dicha carta, pedían perdón a todas las víctimas de secuestro y a sus familias. «Hoy, después de haber silenciado los fusiles, en el sosiego de la vida civil que nos ha permitido la reflexión profunda sobre la guerra por más de 50 años, queremos decirles que el secuestro fue un gravísimo error del que no podemos sino arrepentirnos. El secuestro solo dejó una profunda herida en el alma de los afectado e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad. Tomamos esa decisión en las circunstancias excepcionales de la guerra irregular y buscando equilibrar fuerzas, tuvimos que arrastrar este lastre que hasta hoy pesa en la conciencia y en el corazón de cada uno de nosotros».

Reiteraron, asimismo, su «compromiso y voluntad de rendir cuentas ante la justicia; dar las explicaciones de los por qué y los cómos y comprometernos ante la sociedad colombiana, que hoy más que nunca reclama justicia y verdad por tanta violencia, invertir cada día del resto de nuestras vidas a recomponer el mapa de los desaparecidos y a buscar sus restos para entregarlos a sus seres queridos, a luchar por la paz, a contribuir a desmontar todas las violencias, incluyendo la estatal, que aún subsisten y por un futuro en el que nadie, nunca más, sea secuestrado».