El retraso en la entrega de las vacunas comprometidas, el enfado de la UE con la empresa AstraZeneca y la decisión de impedir la exportación de vacunas producidas en Europa dan la medida exacta de lo que significa la colaboración público-privada.

El Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (más conocido por sus siglas en inglés, Covax) es una alianza de agentes públicos y privados (la mayoría fundaciones como la de Bill & Melinda Gates) que cuenta con la participación de la OMS. Su objetivo es garantizar el acceso equitativo a las vacunas y acelerar su producción. Es decir, la idea era comprar las vacunas en común para que después se pudiera hacer un reparto equitativo. Más de 180 países se han adherido a esa alianza pero parece –no está del todo claro– que de momento no ha logrado comprar ni una sola vacuna.

Los países con gran poder de compra han preferido cerrar acuerdos directamente con las compañías farmacéuticas y en este momento están acaparando todas las vacunas que pueden. Así lo han denunciado esta semana tanto el director de la OMS, Dr. Tedros, como el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Así, tres países superan ya el 10% de personas vacunadas pero en la mayoría ni siquiera ha empezado la campaña. Firman por el bien común pero después todos intentar arreglar lo suyo, olvidándose de la solidaridad. Tan arraigada está esa visión egoísta que los líderes mundiales no comprenden que la solución parcial no existe. Lo más sencillo sería que todas esas patentes de las vacunas que han demostrado su eficacia fueran de dominio público para que cualquiera las pudiera fabricar.

Pero nadie plantea semejante herejía, todo el mundo considera lógico que ahora esas empresas ganen dinero. Pero una vez alimentada, la bestia se vuelve insaciable y de repente las farmacéuticas han dejado de cumplir los plazos sin dar una explicación clara. Tal vez sea porque están vendiendo la preciada mercancía a compradores que ofrecen mucho más. Un exclusivo club de viajes británico ofrecía un viaje a Dubai con vacuna por el módico precio de 45.000 euros. Tras el escándalo rectificaron el anuncio, pero ¿quién asegura que los seguros privados no están comprando esas vacunas para sus clientes VIP?

Porque de lo que se trata es de ganar dinero, no de salvar vidas. Ya lo dejaron muy claro cuando informaron a la prensa de los datos de efectividad, provocando espectaculares subidas de sus propias acciones. Estamos, por tanto, en un momento en el que las farmacéuticas quieren rentabilizar al máximo el monopolio que poseen; dentro de poco, cuando la mayoría de la población esté inmunizada y haya otras vacunas, las suyas ya no valdrán nada.

Lo peor de todo es que esas farmacéuticas han recibido un importante apoyo estatal. Hay controversia sobre el montante de los fondos públicos que han obtenido. Es posible que directamente no sean grandes cantidades, pero indirectamente estos consorcios se han asegurado toda la inversión: la mayoría de los precontratos firmados con los Estados les aseguraban el cobro de la vacuna aunque esta resultara ineficaz. Como suele ser habitual, poco riesgo, pero a la hora de recoger beneficios, ¡qué no se escape ni un euro!

Este apoyo mutuo entre algunas farmacéuticas y Estados no parece que haya sido completamente desinteresado. Da la impresión de que los países occidentales han apoyado técnicas muy sofisticadas, algunas de las cuales –como el ARN– todavía no se habían usado, dejando sin financiación otras. Algo parecido a lo que ocurrió con las PCR al principio de la pandemia y que a día de hoy sigue sin una explicación clara. Tal vez, los poderosos Estados occidentales hayan valorado el fomento de esas técnicas con la oscura intención de obtener un monopolio que les otorgue réditos geopolíticos a medio plazo. El ascenso de China inquieta mucho más de lo que parece. También en este caso, la salud es lo de menos. Lo importante es el dinero y el poder asociado.