La sociedad municipal Donostiako Etxegintza tiene registradas actualmente 21.427 solicitudes «activas» de familias o unidades convivenciales que demandan una vivienda protegida. Según el Plan Municipal de Vivienda de 2018, cada unidad convivencial está formada por 2,4 personas, lo que hace un total de 51.424 personas demandantes, que es el 27,5% de la población donostiarra, según ha puesto de relieve el concejal de EH Bildu Ricardo Burutaran.

El edil ha expuesto estos datos en una comparecencia en la que ha tildado de «nefasta» la política de vivienda del gobierno municipal formado por PNV y PSE en «la ciudad vasca con más problemas relacionados con el derecho a la vivienda» y «la ciudad de todo el Estado con el precio de la vivienda más caro».

Burutaran ha remarcado que, a pesar de la crisis generada por la pandemia, la vivienda en Donostia  ha mantenido su «proceso de encarecimiento», hasta cerrar 2020, según el portal inmobiliario ‘Idealista’, con un aumento del 9% en los precios de compra y «un nuevo récord histórico» en el del alquiler, situado en 15 euros el metro cuadrado.

El representante de EH Bildu ha indicado que esta situación está provocando que «muchos donostiarras, sobre todo jóvenes», se vean «obligados a abandonar sus barrios para irse a vivir a los pueblos de alrededor». Así, el barrio de Gros «ha perdido mil habitantes en la última década», lo que equivale al 7 % de su población.

A pesar de estos datos, ha criticado que el gobierno de Eneko Goia se dedica a «cumplir con los mínimos establecidos, y cuanto más lejos del Centro mejor», y ha puesto como ejemplo la operación urbanística de Aldakoenea, donde «sólo se prevén construir VPO» para el medio centenar de familias que deberán ser realojadas.