Carles Riera encarna aquella generación de activistas que, de la mano de una nueva corriente de militantes, ha situado a la izquierda independentista como un actor importante dentro de la escena política catalana. Sociólogo de profesión, el exdirigente de la extinguida Crida a la Solidaritat se presenta para dar solidez a un proyecto que ha repensado su estrategia en un momento de máxima excepcionalidad en todos los terrenos. La experiencia de Riera (Barcelona, 1960) se presume básica para que la CUP sea determinante en vista a dar un giro social al proceso de autodeterminación de Catalunya.

Venimos de una legislatura muy accidentada en la que la CUP apenas ha influido en la dinámica parlamentaria. ¿Esto le ha obligado a replantear el mensaje ante la nueva cita electoral?

Arrastramos tres años de retrocesos a nivel social y nacional. Pero también en fuerza movilizadora, especialmente si lo comparamos con el referéndum del 1 de octubre, la posterior huelga del día 3 y las protestas registradas a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo en octubre de 2019. En este contexto es cuando ha llegado la pandemia, cuyos efectos han hecho necesario reorientar todas las prioridades, pues ha abierto una crisis sanitaria y económica ante la cual hay actuar. Pero es cierto: tener cuatro diputados nos ha privado de incidir más en estas realidades, razón por la cual hablamos de iniciar un nuevo ciclo en el que le decimos a la gente que, si somos decisivos, la CUP está en disposición de liderar una respuesta social a la crisis y ayudar a reactivar las movilizaciones en defensa del ejercicio de la autodeterminación.

¿La nueva coyuntura ha dejado en un segundo plano lo que supuso el referéndum del 1 de octubre?

Cuando proclamamos ‘Un nuevo ciclo para ganar’, estamos poniendo el acento en un esquema más propositivo, sin olvidar que el referéndum dio al movimiento la fuerza y legitimidad necesarias para avanzar unilateralmente. Por tanto, será recuperando el pulso de la calle, en una espiral de movilización y desobediencia, también por parte de las instituciones, que forzaremos el diálogo que lleve a la resolución del conflicto.

Esta estrategia de tensión difiere mucho de lo que plantean ERC y JxCat, ¿no cree?

Ellos encarnan los independentistas mágicos, pues ERC lo fía todo a una mesa de diálogo en la que el PSOE ya ha anunciado que no abordará la autodeterminación; y en cuanto a JxCat, promete levantar la Declaración Unilateral de Independencia sabiendo que mediante la acumulación de actos simbólicos no se logra la República. En este sentido, el 1 y el 3 de octubre [de 2017] y las movilizaciones postsentencia nos rebelan que no fue la gente quien falló, sino el poder político, al cual hay que exigirle que sostenga los actos de soberanía. Y la CUP es la garante que esto ocurra.

¿En qué sentido?
Contribuyendo a la unidad independentista, el consenso entre instituciones, partidos y entidades soberanistas, tejiendo alianzas a nivel internacional y, vinculado a todo ello, hacer que los recursos básicos del país, como son la energía, el transportes, las infraestructuras o las telecomunicaciones, estén en manos de las instituciones catalanas y no dependan del Estado ni de las empresas del Ibex 35.

¿Cómo puede la Generalitat gestionar estos recursos si no tiene competencias ni capacidad legislativa suficiente?
Reivindicándolos en la calle y tomando iniciativas parlamentarias al respecto. Es un hecho que es básico dentro del embate con el Estado, pues en la medida que el Tribunal Constitucional anula estas iniciativas, se pone de relieve que no hay recorrido dentro del marco constitucional y que necesitamos un Estado propio si realmente queremos atender las necesidades de la gente. Es necesario, por tanto, agudizar este conflicto, ya que los hechos nos demuestran que cuando más tensionamos al Estado y más movilización hay, más musculatura logramos para avanzar hacia la ruptura democrática.

De momento, como poco, ha faltado la desobediencia de las instituciones…

Y es indispensable que lo haga. De hecho, siempre ha sido así: cuando las reivindicaciones sociales se hacen fuertes, las instituciones han terminado harmonizándose en relación a estas demandas.

La Generalitat se ha escudado estos años en que no dicta desahucios ni tampoco abre causas judiciales contra activistas. ¿Qué opina?

Es falso, pues en los últimos años, los Mossos de Esquadra han elaborado numerosos informes para que la justicia lleve a los tribunales a jóvenes vinculados al Procés y han incrementado un 30% los desahucios respecto a la etapa anterior. Dos hechos que responden a un modelo policial que habrá que revisar, sea en los márgenes que fija la administración o desbordando los mismos. En todo caso, es la suma de presionar y desbordar la que nos hará avanzar en el terreno social y nacional.

En este reto, la CUP asegura que está preparada para asumir las responsabilidades que sean necesarias. ¿De qué nivel hablamos?

Queremos llevar a las instituciones todo el potencial que hay en la calle y aplicar un programa cuyos puntos se han revelado de sentido común, y más con la pandemia, de tal manera que, lo que antes parecían propuestas utópicas, hoy son perfectamente sensatas. Ya veremos si una vez pasadas las elecciones, podemos contribuir desde la oposición o participando en el ejecutivo. Tendremos que valorarlo en función de los resultados y la aritmética parlamentaria.

¿Qué líneas rojas establecéis para que esta participación cristalice?

Primero de todo, reclamamos un amplio acuerdo para ejercer la autodeterminación antes del 2025. Y después un pacto para implementar y mantener una agenda social ambiciosa que resista si el Estado decide bloquearla. Y la tercera pata pasa por articular una estrategia compartida a nivel internacional.

En el ámbito de las políticas públicas, ¿qué proponéis?

Lo resumimos en cuatro ejes. Por un lado, un rescate social para los sectores más golpeados por la crisis, entre ellos los autónomos y pequeñas y medianas empresas; en segundo lugar, una Renta Mínima Universal, y después unas políticas de vivienda activas que permitan expropiar pisos vacíos en manos de los grandes tenedores con el fin de que el 30% del parque sea público, aparte de asegurar que el nivel de alquiler no supere el 30% de los ingresos. Y, respecto a los servicios, adquirir el control de los recursos sanitarios privados, una banca y una farmacéutica públicas, y obtener la titularidad de los bienes estratégicos. Porque sólo poniendo la economía pública en el centro, complementaria a una economía social y solidaria, podremos dar puestos de trabajo y abastecer las necesidades de la mayoría social. Esto también exigirá una reforma fiscal progresiva, dónde paguen los que más tienen, y que los Fondos de Recuperación Europeos no vayan dirigidos al Ibex 35, si no a los sectores más afectados por la pandemia. Se trata, en definitiva, de apostar por un sistema productivo propio que repercuta en el bienestar social.

Representa un modelo muy alejado del resto de formaciones. ¿Es consciente de ello?

Se enmarca en este giro que planteamos, pues hasta ahora el gobierno de ERC y JxCat ha favorecido a proyectos especulativos como el de Barcelona World, La Caixa, Banc de Sabadell, Ferrovial y otras empresas que, desde una perspectiva nacional, están al lado del régimen. Toda esta agenda social la ponemos a debate más allá de siglas y personas, recordando que en ningún caso haremos a Illa presidente y solo participaremos y daremos apoyo a un ejecutivo independentista.

¿El incumplimiento de alguno de los puntos de esta agenda puede impedir el avance en clave nacional?

Por este motivo decimos que es urgente la unidad independentista y emprender una agenda compartida que, para nosotros, se resume en cuatro principios: acordar un referéndum de autodeterminación para antes de 2025, emprender un giro en políticas sociales, tejer complicidades en el ámbito internacional y, finalmente, avanzar en la lucha antirrepresiva, que ha de conllevar la amnistía, pero también que la Generalitat deje de ser un actor de la represión.

¿Y los Comunes tienen espacio en este acuerdo?

Los Comunes tienen que escoger: o apuntalar el régimen del 78 o estar al lado de los derechos colectivos que reclama el 80% de la sociedad catalana. En todo caso insisto: la clave es la lucha en la calle, pues la historia nos enseña una y otra vez que, cuando el movimiento social avanza, el proceso soberanista da pasos hacia delante. Dicho en otras palabras: sin insurrección social no hay liberación nacional.