La Justicia argentina ha condenado este jueves con penas de entre 6 años de cárcel y prisión perpetua a seis exmilitares, un policía y un civil de inteligencia por más de 800 crímenes cometidos en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro de tortura de la última dictadura (1976-1983).

«Los hechos objeto de este proceso son constitutivos de crímenes de lesa humanidad y por ende resultan imprescriptibles», ha comenzado remarcando el juez Daniel Horacio Obligado, uno de los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de Buenos Aires, en la audiencia en la que se ha leído el veredicto, que se ha hecho de forma virtual.

Este juicio, que comenzó el 18 de agosto de 2018, es el cuarto en el que se juzgan los delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA –secuestros, torturas, robo de bebés y homicidios, incluidos los llamados “vuelos de la muerte”–, donde se calcula que estuvieron detenidas ilegalmente cerca de 5.000 personas y hoy es sede de un espacio de memoria en homenaje a las víctimas.

De 15 años a perpetua

En esta ocasión, los exsuboficiales de la Armada Carlos Néstor Carrillo, Ramón Roque Zanabria, Jorge Luis Ocaranza y José Ángel Iturri han sido condenados a 15 años de prisión y el exoficial retirado Carlos Mario Castellví, el exagente de la Policía Federal Raúl Armando Cabral y el civil del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino Miguel Conde sentenciados a prisión perpetua.

Por su parte, el entonces conscripto (soldado que hacía el servicio militar obligatorio) Claudio Vallejos ha sido condenado a seis años de cárcel.

La Fiscalía había solicitado prisión perpetua para todos los acusados excepto para Vallejos, para quien había requerido seis años de detención por su responsabilidad en el secuestro, el 18 de julio de 1977 en Buenos Aires, del diplomático argentino y dirigente de la Unión Cívica Radical Héctor Hidalgo Solá, que aún permanece desaparecido y fue visto por otras víctimas en la ESMA.

En este proceso, en el que participaban como querellantes multitud de personas y organizaciones como las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, también se encontraba imputado el teniente de Navío Aníbal Roberto Colquhoun, quien murió antes de que comenzara el juicio; Néstor Eduardo Tauro, que falleció mientras se desarrollaba, y Horacio Luis Ferrari, que quedó fuera del debate ya que la Corte Suprema aceptó un planteo de recusación de sus defensores contra dos de los jueces del tribunal.

En la audiencia de este jueves, realizada vía Zoom para poder mantener los cuidados frente a la pandemia del coronavirus, estuvieron presentes, además de las partes, los imputados Cabral, Iturri y Castellví; el resto de los ahora condenados no pudieron conectarse por distintas razones.

Más de mil condenados

En Argentina ya han recibido condena más de 1.000 personas por crímenes cometidos durante la dictadura, que hizo desaparecer acerca de 30.000 personas, según organismos de derechos humanos.

Tras el Juicio a las Juntas, que en 1985 condenó a los máximos jefes del régimen, los cientos de procesos que se abrieron para juzgar a los mandos inferiores fueron interrumpidos por las leyes de punto final y obediencia debida sancionadas en 1986 y 1987, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989).

Luego, Carlos Menem (1989-1999) firmó indultos en favor de militares que participaron de la dictadura y de los líderes de las guerrillas de izquierda.

Pero en 2005, la Corte Suprema, durante el Ejecutivo de Kirchner, declaró la inconstitucionalidad de esas leyes y los juicios se retomaron.

Según el más reciente informe estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, publicado el 30 de diciembre pasado, desde entonces fueron imputadas 3.448 personas y se dictaron 250 sentencias, en las que resultaron condenadas 1.013 personas (276 de ellas con al menos un fallo firme) y absueltas 164.

Del total de investigados, 904 fallecieron en los 14 años de procesos, de los que 692 lo hicieron antes de obtener sentencia y 212 tras ser condenados o absueltos.

Asimismo, 25 personas acusadas de crímenes de lesa humanidad están prófugas, y su captura tiene precio: el Estado ofrece el pago de recompensas de entre 500 mil y 1 millón de pesos (de 4.600 a 9.200 euros).