Tras la difusión de la grabación entre el entonces capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto y el responsable del Cesid, Juan Alberto Perote, las torturas y muerte de Mikel Zabalza han llegado al Parlamento europeo a través de dos iniciativas que preguntan a la Comisión por ello.

La primera de ellas está firmada por los europarlamentarios Pernando Barrena (EH Bildu), Izaskun Bilbao (PNV), Diana Riba (ERC), Jordi Solé (ERC), Toni Comin (Junts), Clara Ponsatí (Junts) y Miguel Urbán (Anticapitalistas) y recuerda que el informe elaborado por el Gobierno de Lakua en 2017 recoge al menos 4.113 casos de torturas en los tres herrialdes.

Junto a ello, recuerdan que el Estado español ha sido condenado en once ocasiones por el Tribunal de Estrasburgo por no investigar torturas y que de estos casos, siete corresponde a actuaciones del actual ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, cuando era juez de la Audiencia Nacional.

Por ello, estos eurodiputados preguntan si la Comisión tiene conocimiento de estos hechos y por su opinión al respecto.

Además, preguntan a la Comisión si tiene mecanismos para que el Estado español cumpla con el artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE sobre la prohibición de la tortura durante las detenciones.

Asimismo, este grupo de europarlamentarios quiere conocer si la Comisión considera oportuno que «una persona que ha sido juez instructor en siete caso objeto de condena por no investigación de torturas sea actualmente ministro de Interior de un gobierno de la UE».

También Podemos

También la europarlamentaria de Podemos Idoia Villanueva ha presentado una pregunta a la Comisión tras conocerse los audios sobre Mikel Zabalza si considera «normalidad democrática que supuestos asesinatos, torturas y delitos cometidos en dependencias policiales en gobiernos democráticos, sigan sin ser investigados ni esclarecidos».

La eurodiputada de Podemos recuerda, en su pregunta a la Comisión, que el Estado español ha sido condenado en varias ocasiones por no investigar denuncias de torturas.

Junto a ello, destaca que el Congreso de los Diputados «tiene pendiente acometer una reforma de la ley de secretos oficiales, una norma promulgada por el dictador Francisco Franco que impide la desclasificación de cualquier documento si no es bajo una autorización expresa del Gobierno, lo que supone, de facto que las ‘materias reservadas’ no prescriban nunca y sea imposible que la ciudadanía acceda a la información, un derecho fundamental». Tanto los familiares de Mikel Zabalza como los de otras víctimas de violencia policial han reclamado insistentemente la desclasificación de documentos para poder acceder a la verdad de lo ocurrido.

Villanueva también recuerda que el Parlamento navarro ha reclamado que se investigue a fondo con el fin de conocer la verdad en torno a las torturas y lo ocurrido en la muerte de Mikel Zabalza en 1985 y destaca que el documental ‘Non dago Mikel?’ «señala una herida abierta que es necesario cerrar en toda democracia que quiera considerarse sólida».