La organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Alemania contra el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, y otros altos cargos del país asiático por crímenes contra la humanidad en relación con la muerte en 2018 del periodista Jamal Khashoggi y la «detención arbitraria» de 34 reporteros en territorio saudí.

La ONG ha detallado que la denuncia, un documento de más de 500 páginas, revela la «naturaleza generalizada y sistemática» de la persecución contra los periodistas en el país y recoge los casos de 35 reporteros, incluido Khashoggi, muerto en octubre de 2018 en el interior del consulado saudí en la ciudad turca de Estambul.

Así, RSF ha manifestado que los periodistas «son víctimas de ataques generalizados y sistemáticos por motivos políticos» en Arabia Saudí, en el marco de «una política de Estado destinada a castigarles y silenciarles», antes de resaltar que los cinco demandados son «totalmente responsables» de esta situación.

Estas cinco personas son el propio Bin Salman, Saud al Qahtani, asesor del príncipe heredero; el antiguo 'número dos' de los servicios de Inteligencia saudíes Ahmad Mohammed Asiri, sospechoso de «supervisar el asesinato» de Khashoggi; Mohammad al Otaibi, cónsul en Estambul en el momento del suceso; y Maher Abdulaziz Mutreb, oficial de Inteligencia que encabezó el escuadrón responsable de la muerte.

«Los responsables de la persecución de periodistas en Arabia Saudí, incluido el asesinato de Khashoggi, deben rendir cuentas por sus crímenes», ha dicho el secretario general de RSF, Christophe Deloire, quien ha pedido a la Fiscalía alemana que «adopte una posición y abra una investigación en torno a los crímenes revelados».

«Nadie debe estar por encima del Derecho Internacional, especialmente cuando hay en juego crímenes contra la humanidad», ha señalado Deloire, quien ha hecho hincapié en que «la necesidad urgente de justicia está en el debe desde hace mucho».

En este sentido, Deloire ha defendido durante una rueda de prensa por videoconferencia que el objetivo es «denunciar una política de ataques generalizados y sistemáticos», entre ellos asesinato, torturas, violencia sexual y desapariciones forzosas.

El secretario general de RSF ha puntualizado que existe una política de Estado en Arabia Saudí que «viola claramente» la libertad de expresión de los periodistas, antes de incidir en que Bin Salman cuenta con «un control total» del aparato de seguridad que está detrás de esta campaña de represión contra los reporteros en el país.

Alemania, el lugar «más adecuado»

Deloire ha explicado además que la «opacidad» del «sistema represivo» es la «espina dorsal» del funcionamiento del mismo, al tiempo que ha resaltado que es «frustrante» que, pese al informe estadounidense implicando a Bin Salman, «no haya rendición de cuentas ni justicia».

«Creemos que los tribunales alemanes son los más adecuados para recibir esta demanda», ha añadido el director de RSF en Alemania, Christian Mihr, tras recordar que la semana pasada un tribunal de la ciudad de Coblenza condenó a cuatro años y medio de cárcel a un exagente de los servicios secretos de Siria por cargos de crímenes contra la humanidad, en el primer caso de este tipo desde el inicio de la guerra en 2011.

Antoine Bernard, de RSF, ha explicado además que una «razón clave» de la presentación de la misma ha sido «explorar vías innovadoras para hacer frente a los obstáculos a la Justicia al considerar los casos de forma individual», ya que «permite desvelar un sistema de naturaleza generalizada de ataques contra periodistas».

Durante la videoconferencia, la relatora sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas, Agnes Callamard, ha aplaudido la decisión de acudir a los tribunales alemanes y ha resaltado que para ella «estuvo claro desde el principio» que el sistema judicial saudí no haría justicia debido a «presiones políticas».

El proceso judicial en Arabia Saudí concluyó en septiembre cuando, tras el proceso de apelaciones, fueron condenadas a penas de cárcel ocho personas, reduciendo así la pena de muerte dictada en diciembre de 2019 contra cinco de ellas. Figuras como Al Qahtani, Al Asiri y Al Otaibi fueron exonerados.