La Fiscalía de Madrid ha archivado la investigación abierta sobre un chat de militares retirados en el que hablaban de «pronunciamientos» y de «fusilar a 26 millones de hijos de puta», al entender que no son constitutivos de un delito de discurso de odio.

Según ha informado la Fiscalía de Madrid, los mensajes que aparecen en un chat «privado» formado por miembros de la XIX promoción de la Academia General del Aire no suponen delito porque sus integrantes exponen opiniones a los demás participantes «con libertad» y «en la confianza de estar entre amigos», sin que exista voluntad alguna de publicitarlas fuera de ese ámbito.

Por esa razón, considera que «no concurren elementos que permitan inferir que el chat fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, hostilidad o violencia hacia un colectivo de los expresamente contemplados como grupo».

Solo una crítica «dura»

El Ministerio Público abrió diligencias el pasado mes de diciembre a raíz de un escrito enviado por el Ministerio de Defensa que daba cuenta de una información relativa al citado chat, en el que se hablaba, entre otras cuestiones, de la posibilidad de dar un golpe de Estado contra la Gobierno o de «fusilar a 26 millones de hijos de puta»

Además, subraya que, según la información recibida por Defensa, los integrantes del grupo pasaron al retiro hace muchos años, «algunos hace más de 40 años», sin que ninguno esté en activo ni en la reserva, ni siquiera en otros organismos públicos dependientes del Ministerio de Defensa.

Así «la actuación del grupo quedaba fuera de su ámbito de la competencia administrativa o disciplinaria», y además la Brigada Provincial de Información comunicó que el denominado «La XIX del Aire» es un chat privado, razón por la cual no se ha podido tener acceso al contenido del mismo, aunque sí se han acreditado los mensajes que se han hecho públicos.

El Ministerio Público pone de manifiesto que no se han podido contextualizar los comentarios publicados, que «aisladamente» contemplados «constituyen la exteriorización de una oposición a acciones indeterminadas y generales del Gobierno»

Es más, los entiende como una crítica «dura» enmarcada en el derecho a la libertad de expresión y de opinión, «constituidas como garantías institucionales para el debate público y que posibilita la formación de una opinión pública libre».