El juez Edson Fachin, de la Corte Suprema de Brasil, ha anulado este lunes todas las sentencias de cárcel en primera instancia dictadas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ahora debería ser juzgado por tribunales federales.

La decisión de este magistrado se refiere a tres procesos en que Lula fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Moro, quien no tenía en su momento la «competencia jurídica» requerida para analizar esos casos, según ha explicado la propia Corte Suprema.

Lula, que fue presidente de Brasil desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2010, fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de cárcel en julio de 2017 por «corrupción pasiva».

Se entregó en abril de 2018 y permaneció encarcelado hasta el 8 de noviembre de 2019.

Competencia de la Justicia federal

De acuerdo a la decisión de Fachin, responsable en el Supremo de la operación anticorrupción Lava Jato, por la cual fue procesado el expresidente, esos tres casos deberán pasar ahora a la órbita de la Justicia federal en Brasilia, la cual decidirá sobre el curso de cada uno de los casos.

La decisión afecta a procesos referidos a un apartamento triplex en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo; a una casa de campo en la localidad paulistana de Atibaia; y a una investigación sobre el Instituto Lula, fundado por el exmandatario.

En el primer caso, Lula fue condenado a 12 años de prisión y a 17 años en el caso referido a la casa de campo, mientras que el asunto referido al instituto aún no hay sentencia firme.

Por esas condenas, Lula pasó 580 días en prisión y fue liberado una vez que el Supremo alteró su propia jurisprudencia y decidió que una persona solo puede ingresar a la cárcel cuando ya no tenga apelaciones disponibles, que no era el caso del expresidente.

Fachin ha justificado su decisión en que esos casos, en los que Lula fue acusado de recibir sobornos en dinero y propiedades de algunas de las constructoras implicadas en el escándalo de la Lava Jato, no tenían relación con los desvíos de dinero en la empresa estatal Petrobras, que fueron los que justificaron los procesos.

Según el magistrado, la justicia de Curitiba no tenía competencia legal sobre los escándalos en Petrobras, que debían ser juzgados en otras instancias.

La nueva decisión deberá ser analizada en el pleno de la Corte Suprema, conformado por once miembros y que aún no ha sido convocado para analizar el caso.

Derechos políticos para ser candidato

Si el pleno respalda el fallo de Fachin, que se apoya en lo que califica como «error procesal» por «falta de competencia», Lula recuperará sus derechos políticos y hasta podría volver a ser candidato presidencial en 2022.

Lula perdió esos derechos en 2018, cuando fue confirmada en segunda instancia una de las condenas que han sido anuladas este lunes.

No obstante, líderes del PT se han mostrado cautelosos y han advertido de que los procesos siguen en pie y si se llevan a Brasilia con la misma instrucción como base podría ser condenado e inhabilitado de nuevo antes de los comicios presidenciales.

Además, el Procurador General del Estado ha anunciado que recurrirá la decisión del Supremo si el pleno la confirma.

Lula defiende que fue víctima de un complot

Por su parte, el expresidente ha afirmdo que la anulación de sus condenas refleja la incompetencia del tribunal de primera instancia de Curitiban y «es el reconocimiento de que siempre estuvimos correctos en esa larga batalla judicial».

Según el comunicado redactado por los abogados del expresidente, Cristiano Zanin y Valeska Teixeira, las «absurdas acusaciones» formuladas contra Lula por el grupo de Curitiba «jamás indicaron ninguna relación concreta con ilegalidades ocurridas en Petrobras».

«Siempre probamos que todas esas conductas formaban parte de un complot entre el entonces juez Sergio Moro y dos miembros del grupo (de fiscales) de Curitiba, como fue reafirmado en el material al que tuvimos acceso también con la autorización del Tribunal Supremo Federal», señala.

Los abogados se refirieron así a una serie de mensajes que los fiscales de la Lava Jato intercambiaron en su momento con Moro, que sugieren que en los procesos en los que Lula acabó siendo declarado culpable de corrupción, el juez Moro orientó y hasta coordinó de alguna manera la actuación e investigación de los fiscales, lo cual está estrictamente vetado por la ley.

«En esta larga trayectoria (de defensa), al respecto de todas las pruebas de inocencia que presentamos, el expresidente Lula fue preso injustamente, tuvo sus derechos políticos indebidamente retirados y sus bienes bloqueados», agrega la nota.