La Eurocámara votó ayer sobre la inmunidad de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, los tres dirigentes catalanes exiliados con acta de eurodiputado. El acta la mantendrán, pero a falta de conocer el resultado de la votación –se conocerá hoy a la mañana–, todo indica que habrán perdido ya la inmunidad asociada al cargo.

Apenas había margen para la sorpresa. PP, PSOE y Ciudadanos hicieron valer su peso, y los tres principales grupos de la Eurocámara –suman 459 escaños de un total de 705– se posicionaron antes de la votación a favor del suplicatorio presentado por el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena. La incógnita, en todo caso, está situada en saber cuántos eurodiputados rompieron la disciplina de voto.

Aunque se esperaban algunas deserciones en los grupos del PP y del PSOE, las miradas estaban puestas sobre todo en el grupo Renew Europe –antes ALDE–, donde cerca de una veintena de eurodiputados podrían haber votado en contra del suplicatorio y en contra de lo solicitado por Ciudadanos. Entre ellos está la representante del PNV, Izaskun Bilbao. Como bloque, solo los Verdes y la Izquierda Unitaria anunciaron un voto en contra del suplicatorio.

El TJUE decide

Cabe destacar que, sea cual sea el resultado de la votación, la batalla por la extradición será larga todavía. Si se aprueba el suplicatorio, la decisión final queda en manos de la Justicia belga (en el caso de Puigdemont y Comín) y escocesa –Ponsatí–, pero antes intervendrá el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Su decisión será crucial. Deberá decidir sobre el recurso que presentarán ahora Puigdemont y compañía, pero sobre todo, deberá decidir sobre la pregunta que Llarena está sopesando presentarle –de momento ha pedido opinión a las partes, un paso previo–. El magistrado del TS, visiblemente molesto por la decisión de la Justicia belga de no extraditar al también exiliado Lluís Puig –una decisión que, en nombre de la coherencia, sería también aplicable para Puigdemont y Comín–, quiere preguntar al TJUE hasta qué punto la justicia de un país puede denegar la euroorden presentada por un país también miembro.

La decisión del TJUE lo condicionará todo. Un fallo que limite la soberanía judicial de los países de la UE será fatal para los intereses de los exiliados catalanes. La decisión contraria sería la puntilla para Llarena.