La implacable represión que Turquía lleva a cabo contra la población kurda no entiende de críticas ni de sentencias de instancias internacionales.

En los últimos años, el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha aumentado el número de detenciones y destituciones de cargos electos del HDP, que aglutina a sectores de las izquierdas turca y kurda, sustituyendo, por ejemplo, a casi todos los 65 alcaldes prokurdos por administradores públicos.

El carismático líder del HDP, Selahattin Demirtas, permanece encarcelado desde 2016 e incluso después de que el pasado 22 de diciembre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenara su inmediata liberación. Haciendo oídos sordos a ese fallo, las autoridades turcas no dudaron en presentar nuevos cargos contra el propio Demirtas y otras 107 personas.

Pero ahora el futuro del HDP se enfrenta la amenaza de la ilegalización, después de que el más alto tribunal de Turquía abriera la pasada semana una investigación, tras intensificar Erdogan sus ataques contra el partido.

Las pesquisas, llevadas a cabo por un fiscal del Tribunal de Casación, podrían desembocar en un juicio en el que el HDP podría terminar ilegalizado si se diera por probada su vínculo con «actividades terroristas». 

El jefe de Estado turco acusa al HDP de ser el «escaparate político» del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, cuyo histórico líder, Abdullah Öcalan, lleva en prisión desde 1999), considerado «terrorista» por Ankara y sus aliados occidentales.

El HDP rechaza la acusación, afirmando que es víctima de la represión por su férrea oposición al presidente turco.

Erdogan, durante una intervención en el Parlamento. (Adem ALTAN/AFP)

El anuncio de una investigación contra el HDP se produjo después de que el socio de coalición de Erdogan, Devlet Bahçeli, líder del Partido de Acción Nacionalista (MHP), de extrema derecha, pidiera repetidamente el cierre del partido.

Tras una fallida intervención militar para rescatar a 13 turcos rehenes del PKK en Kurdistán Sur, que se saldó con la muerte de todos los prisioneros a mediados de febrero –Ankara responsabilizó a la guerrilla kurda, que sostiene que las muertes fueron provocadas por bombardeos turcos–, Erdogan y Bahçeli han incrementado sus ataques contra el HDP.

Además de la apertura de la investigación, el Parlamento turco comenzó en febrero a considerar el levantamiento de la inmunidad de 20 diputados prokurdos.

Aunque Bahçeli encabeza los llamamientos para el cierre del HDP, expertos consideran que la medida podría servir como refuerzo a un Erdogan que teme perder el control parlamentario en las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2022. Las últimas encuestas muestran que la popularidad de la alianza de Erdogan con Bahçeli se está erosionando, en medio de problemas económicos agravados por la pandemia de coronavirus.

Muchos grupos prokurdos fueron cerrados en el pasado, como el Partido de la Democracia Popular (Hadep) en 2003, acusado de vínculos con el PKK. «¿Dejaremos de hacer política si prohíben nuestro partido? Por supuesto que no. Hay varias alternativas», dijo a la agencia France Presse la copresidenta del HDP, Pervin Buldan.