En una rueda de prensa celebrada en Katakrak, varios de los encausados en el procedimiento judicial abierto por las acciones en torno al 12 de octubre en Iruñea han informado este martes de que la Audiencia Nacional española ha decidido archivar el caso.

Doce personas estaban acusadas de un delito contra la Corona española porque durante ese acto fueron derribadas sendas estatuas que representaban al rey español Felipe de Borbón y a Cristóbal Colón, y que terminaron por los suelos y sin cabeza.

Después de que se suspendiera la citación realizada para el pasado mes de enero, estas doce personas investigadas comenzaron en febrero a declarar telemáticamente ante la Audiencia Nacional desde el Palacio de Justicia de la capital navarra, pero finalmente el juez ha decidido no seguir adelante con el caso.

En este sentido, los hasta ahora investigados han recordado que, en torno a la fecha del 12 de octubre, Ernai y Sortu llevaron a cabo varias acciones e iniciativos a lo largo y ancho de Euskal Herria, bajo el lema «nada que celebrar», en varias acciones de carácter «independentista» y «antimonárquico».

El acto que «más repercusión» tuvo, han explicado, fue el ya mencionado y el que realizaron el mismo 12 de octubre en Iruñea, donde, junto a colectivos antirracistas, denunciaron, más allá de La Corona, la figura de Colón y el carácter colonial del Estado español.

Así, han recordado que en este acto cultural y de protesta pusieron una cuerda a las figuras de Felipe VI y Colón y tiraron de ellas hasta caerse. «El mensaje era claro: la monarquía es uno de los ejes principales del régimen, y abogamos por que desaparezca».

De este modo, han señalado que «parece que a los firmes defensores del régimen, la Guardia Civil y la Policía española, no les gustó el acto», por lo que «intentaron obstaculizarlo desde el principio». Cabe recordar que tanto la Policía española como el Instituto Armado fueron los que abrieron sendas investigaciones que concluyeron con la apertura del procedimiento por la posible comisión de un delito contra la Corona.

«También queremos recordar la actitud de Navarra Suma y varios medios de comunicación, que además intentaron chantajear y criminalizar a varias asociaciones de carácter antirracista», han añadido.

Los encausados han criticado asimismo la postura de «varios poderes del estado» en su concepción de la libertad de expresión y la crítica política: «La disidencia política no debe ejercer la libertad de expresión y el régimen no puede recibir ningún tipo de crítica. Si lo hace, tiene consecuencias: criminalización y castigo».

Además, han destacado que el régimen del 78 «está viviendo una crisis, que la calidad democrática de España está en entredicho, y su unidad sacrosanta en cuestión». Por ello creen que «el camino de la emancipación y movilización social es necesaria para la obtención de todos los derechos sociales y la democracia».

Por otro lado, ven a su vez necesaria la «unión de todas las navarras de izquierdas», en un «camino conjunto» contra «el régimen del 78», al que ha bautizado como «cárcel de pueblos, libertades y derechos sociales».

«Estamos convencidas: la libertad de expresión se obtiene ejerciéndola. Hoy y mañana», han zanjado.