El contenido del preacuerdo ERC-CUP ha comenzado a desvelarse ante la posibilidad de un pleno de investidura esta misma semana. Como se había adelantado, incide en cuestiones de carácter social. En lo puramente político, lo relevante es que se da un plazo de dos años a la mesa de negociación con el Estado, cuyo desarrollo es todavía muy incipiente.

El preacuerdo incluye limitar la mesa de negociación Gobierno-Generalitat a dos años --el tiempo máximo que le queda a la legislatura del Ejecutivo de Pedro Sánchez-- y concluyen que ese espacio «solo puede consistir en la autodeterminación y la amnistía».

«Desde la crítica y el escepticismo la CUP se compromete a dar un cierto margen de tiempo a la Mesa de Negociación y no basará su apoyo u oposición al Govern en función de su existencia», recoge el documento consultado por Europa Press que concreta que los 'cupaires' se mantendrán en una posición de oposición al PSOE y al Gobierno central.

ERC apuesta por ese diálogo y la resolución política en ese espacio, pero se compromete a «no dilatar la mesa innecesariamente y propone que sus trabajos se sometan a una rendición de cuentas que permita su evaluación y desarrollo»; una rendición que consideran que tiene que tener una parte pública y otra más discreta, que debe realizarse en los espacios que quieren componer para desplegar la estrategia independentista.

Además de la evaluación continuada de la mesa, el preacuerdo contempla que durante la primera mitad de 2023 la Mesa de Negociación valorará su trabajos en caso de que siga vigente, analizará si ha dado sus frutos y decidirá «cuáles son los pasos siguientes a seguir, incluida la eventual finalización de esta negociación».

Subrayan que el objetivo de la misma es «implementar y hacer efectivo el consenso al que se llegue en el espacio de consenso estratégico del independentismo»; en un documento que tanto ERC y la CUP someterán a sus órganos internos y que los republicanos trasladarán a Junts, con quien quieren llegar a un acuerdo que sea acorde con lo pactado.

Banca pública y renta básica

En el aspecto socioeconómico, que tiene mucho peso en este acuerdo que decantará el Govern hacia la izquierda, la CUP y ERC se han comprometido a implementar una banca pública catalana «a corto plazo» en esta legislatura a través del Institut Català de Finances (ICF) y una renta básica universal para las franjas de edad más vulnerables.

En el marco del compromiso de crear una banca pública, ERC y la CUP trabajarán para situar el ICF como entidad de «referencia a la hora de facilitar al máximo el impacto económico, social y ambiental de los fondos europeos» de recuperación, que se han comprometido a estudiar conjuntamente una vez se constituya el nuevo Govern.

El documento incluye también el acuerdo de crear un «marco normativo que facilite la remunicipalización de los servicios públicos como el agua», además de la creación de una energética pública.

De esta forma, ERC y CUP trabajarán para situar bajo «control público» la energía, incidir en el sector eléctrico, recuperar las centrales hidroeléctricas con la concesión caducada y definir un modelo de transición energética.

Además, ambas formaciones estudian crear una nueva Conselleria de Acción por el Clima –una propuesta que los republicanos llevaban en su programa electoral–, que será la encargada de impulsar una ley de transición energética, otra de biodiversidad y un plan integral de protección del Delta de l'Ebre, entre otras iniciativas.

Renta básica universal

El plan piloto de renta básica universal se desplegará en tres fases, según el acuerdo: en una primera, en 2021, se llevará a cabo un estudio de las opciones de diseño de esta medida para «alguna o algunas franjas de edad» y de qué modificaciones se requieren para aplicarla.

En 2022, los partidos se comprometen a implementar las mejores y transformaciones acordadas en políticas de rentas sociales y del plan piloto de renta universal para las franjas de edad más vulnerables.

En 2023 arrancará la tercera parte del proyecto, con la evaluación del impacto y funcionamiento de la renta básica y el planteamiento de propuestas para ampliarla, «si es el caso».

Protocolo de desahucios

El preacuerdo contempla modificar el protocolo de lanzamientos judiciales y la no intervención de la Arro y la Brimo de los Mossos d'Esquadra en desahucios de familias y personas vulnerables.

El documento también pide simplificar los procesos; ampliar los plazos para elaborar el informe-evaluación de los servicios sociales previo al desahucio, y «suspender los desahucios hasta que no garantice el derecho a la vivienda a través del parque público».

En materia de vivienda, el preacuerdo contempla un presupuesto de 1.000 millones anuales en políticas de vivienda y movilizar el parque público con la incorporación de 5.000 viviendas anuales a través de tanteo y retracto, viviendas ya construidas o por rehabilitar que no están en alquiler.

Asimismo, estudian la aprobación de la una Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) catalana que prolongue la duración de los contratos, establezca prórrogas automáticas y reconozca a las organizaciones sociales que defienden los derechos de los inquilinos, entre otras premisas.

Combatir el racismo

El preacuerdo también prevé desplegar un «plan de rescate social y garantizar derechos y cohesión social», lo que incluye un aumento de recursos para reducir ratios en la educación primaria y secundaria, y la estabilización de la plantilla educativa a través de convocatorias.

Además reclama al Gobierno de Madrid el permiso de residencia con permiso de trabajo para jóvenes migrados extutelados para su inserción.

En relación a este último punto, se acuerda combatir «todas las ideología que promueven el odio, el racismo y la discriminación» con un Plan integral contra el racismo, la xenofobia, el antigitanismo, la islamofobia y cualquier otra forma de discriminación étnico-racial.

Denuncias contra manifestantes

ERC y la CUP han pactado retirar las acusaciones particulares contra participantes en movilizaciones sociales y políticas, salvo en aquellos casos en los que los agentes de policía hayan resultado heridos y tengan lesiones «acreditadas con certificado médico».

«En las actuaciones actuales y futuras, la personación de la Generalitat se limitará a los casos de lesiones acreditadas, si corresponde, y se centrará en el resarcimiento de la responsabilidad civil en casos de lesiones no leves», añaden.

El documento recoge también el compromiso de suspender el uso de los proyectiles de foam «hasta que no sea público» su protocolo. En cuanto sea público ambos partidos exigirán que se cumpla «de forma estricta».

La CUP y ERC han pactado desplegar una nueva instrucción interna para marcar unos «baremos proporcionales y homogéneos» en todas las actuaciones de orden público, y priorizar la mediación a través de la Conselleria de Justicia desde el momento en el que se presenten diligencias ante un juzgado.

También han acordado poner en marcha mecanismos para eludir la aplicación de la Ley Mordaza cuando vulnere el derecho de manifestación.

El acuerdo de la CUP y ERC incluye la creación de un comité permanente de seguimiento para evaluar una vez al mes «el cumplimiento de los acuerdos firmados», además de una comisión de coordinación entre el Parlament y el Govern que hará un control de carácter técnico-político con una periodicidad semanal.

Cuestión de confianza

Junto a ello, Pere Aragonès, ha acordado con la CUP someterse a una cuestión de confianza a medio mandato, a cambio de asegurarse el aval de la formación anticapitalista a su investidura y a los presupuestos catalanes.

Así lo ha revelado Aragonès en un artículo publicado el lunes en el diario ‘Ara’, titulado ‘Construir confianzas para transformar el país’, después del preacuerdo anunciado entre ERC y la CUP, que lo acerca a la investidura este próximo viernes, a la espera de saber si JxCat le prestará también sus votos.

Aragonès urge a alcanzar definitivamente un acuerdo que permita «poner en marcha este mismo viernes» el nuevo Govern, con el debate de investidura al que prevé presentarse, y se muestra convencido de que habrá entendimiento entre las fuerzas independentistas.

Tras agradecer a la CUP los «esfuerzos por llegar a un preacuerdo de investidura de cara al pleno del viernes y el compromiso de implicarse en la gobernabilidad del país», el candidato de ERC revela uno de los aspectos clave incluidos en el pacto.

«Estoy convencido –y así lo hemos convenido con la CUP– que es bueno y sano que cuando sea presidente de la Generalitat me someta a una cuestión de confianza a mitad de legislatura para evaluarnos, para renovar el acuerdo y para reforzar la estabilidad del Govern», expone.

Ha asegurado que su compromiso de someterse a una cuestión de confianza «asegura la investidura y la aprobación de los presupuestos», lo que permite dotar al Govern de «una estabilidad totalmente necesaria».

El preacuerdo con la CUP, afirma, representa «la primera piedra de la nueva Generalitat republicana», si bien admite que tiene la «obligación de intensificar las negociaciones con Junts y la CUP para solidificar el acuerdo antes del viernes».

«Y lo sabremos hacer. Ante las dificultades que vive el país, estoy convencido de que podremos forjar un acuerdo de gobierno que nos permita afrontar con toda la fuerza y sin más demora todas las urgencias sociales, la reconstrucción económica del país y la resolución del conflicto con el Estado», añade.

Para concluir, afirma que «el momento nos exige a todos y a todas voluntad de acuerdo. Porque solo con una voluntad real de acuerdo es posible construir las confianzas para transformar el país».