NAIZ

Denuncian que el secretario de Donostia se valió de la ordenanza de pisos turísticos

Colectivos de Gros han revelado que que el responsable de velar porque las normas aprobadas en el Ayuntamiento obedezcan a la legalidad aprovechó el reglamento al que dio luz verde pero posteriomente fue anulado por los tribunales para convertir en vivienda turísitica un piso suyo en el barrio.

Vecinos y vecinas de Donostia protestaron con carteles en el pleno en el que se aprobó la ordenanza. (Juan Carlos RUIZ / FOKU)
Vecinos y vecinas de Donostia protestaron con carteles en el pleno en el que se aprobó la ordenanza. (Juan Carlos RUIZ / FOKU)

La asociación Saretxe, la agrupación vecinal Hondarpe y el colectivo de abogados Laia han comparecido este jueves en el barrio donostiarra de Gros para denunciar que el secretario del Ayuntamiento se ha beneficiado directamente de la ordenanza municipal de pisos turísticos.

Recuerdan que el secretario es el encargado de velar por el cumplimiento de los reglamentos y en consecuencia fue figura clave para sacar adelante una norma que ha terminado invalidada. Y denuncian que entre la aprobación y la anulación, a través de un familiar, convirtió un piso de su propiedad en turístico.

El litigio se remonta a marzo de 2018, cuando el Ayuntamiento de Donostia aprobó un reglamento que permitía la instalación de casas turísticas por encima de la primera planta en determinadas condiciones. Dicha normativa sería declarada posteriormente nula por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), y más tarde el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por el Consistorio.

En este contexto, la asociación de vecinos Hondarpe decidió investigar cuáles eran los pisos del barrio por encima de la primera planta que habían solicitado permiso para convertirse en turísticos. Y descubrió que uno de ellos, ubicado en una sexta planta de la calle Usandizaga, pertenece a Juan Carlos Etxezarreta, secretario del ayuntamiento.

Los colectivos denunciantes han apuntado por tanto que Etxezarreta se valió de una norma aprobada por el Consistorio con su impulso y que luego fue rechazada por el TSJPV y el Supremo, por lo que han pedido «explicaciones y responsabilidades» al alcalde y al propio secretario.   

En la rueda de prensa han subrayado que este no es sino un ejemplo del proceso «tanto gentrificador como turistificador» que está viviendo desde hace años el barrio de Gros. «Lo que estamos denunciando responde al funcionamiento de todo un sistema», han remarcado.