El exconsejero de Salud, Jon Darpón, dimitió en marzo de 2019 por el caso del fraude en las OPEs de Osakidetza, y en mes y medio, el 4 de mayo, era ya el responsable para Eurasia y responsable de operaciones del grupo Keralty Health. 

Más rápidos fueron los saltos de la exviceconsejera de Administración, Fátima Ansotegi, y la subdirectora de Calidad Mayte Bacigalupe, que estaban dadas de alta en la firma a las 48 horas de su cese en la Administración.

Los datos han sido aportados en el Parlamento por el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona, que ha preguntado a la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, si al Gobierno le parece un procedimiento adecuado el permitir estas «puertas giratorias», con la incidencia social que ello tiene.

La ley contempla que un alto cargo no puede ir a trabajar a una empresa con la que ha tenido una relación frecuente durante su mandato, pero existen excepciones y la consejera ha respondido que en todos los casos mencionados los afectados hicieron la pertinente petición que cumplía los requisitos para que se le aceptara el paso a la empresa privada. Olatz Garamendi ha invitado a Josu Estarrona a cambiar el marco legal si no le gusta.

Keralty Health es una multinacional con sede en Gasteiz, antes denominada Sanitas Internacional, cuyo administrador único desde el 13 de julio de 2016 es Joseba Grajales, habitual en los listados de mayores fortunas del Estado español, empresario alavés y afín al PNV. En la cúspide de su equipo está el también exconsejero de Sanidad y exvicelehendakari, Jon Azua.

Según el parlamentario Josu Estarrona, Keralty Health S.L., lleva muchos años suministrando y operando centros médicos, directamente o a través de otras empresas o fundaciones participadas por ella, como New Health o Mizar Health, con las que el Departamento de Salud ha firmado contratos en los últimos años y es probable que los suscriba en un futuro.

«Comisión Estética»

El propio Josu Estarrona hizo una consulta a la Comisión de Ética Pública sobre esta cuestión y la respuesta ha sido que no podían entrar en el caso del consejero ni de la viceconsejera, porque para cuando se fueron a la empresa privada ya habían dejado de ser altos cargos de la administración y no les correspondía su caso, mientras que la subdirectora tampoco entraba en el grupo de cargos sobre los que puede pronunciarse.

Estarrona ha señalado que en una gran mayoría de los 68 dictámenes que ha publicado en su historia la Comisión lo que se ha hecho es «construir tesis exculpatorias para no reconocer el mal proceder de la mayoría de las denuncias sustanciadas». Ha añadido que «quizás tenga que ver, entre otras cuestiones, la composición de la comisión, con 3 miembros del propio gobierno sobre los 5 que la componen, muy lejos de los estándares europeos para este tipo de órganos».

Ante esta evidencia, el parlamentario de EH Bildu ha propuesto a la consejera que el Gobierno tiene dos opciones: una de ellas es disolver la comisión y poner, por ejemplo, una oficina de buenas prácticas independiente siguiendo el modelo de los países europeos. La segunda es dejar de confundir a la ciudadanía vasca y llamar las cosas por su nombre. No lo llamen comisión de ética, llámenle comisión de estética».