Martín Pallín recibe a GARA en el Bizkaia Aretoa de Bilbo tras un viaje matinal. Al tiempo que posa ante la cámara, repara en la Universidad de Deusto, donde se doctoró antes de ingresar en 1989 como magistrado en la Sala de lo Penal del TS. Acaba de publicar su último libro, ‘El Gobierno de las togas’, pero el motivo de su visita a Euskal Herria es otro; su participación en una charla sobre política penitenciaria en una iniciativa de Sare y Etxerat en colaboración con la UPV/EHU. Por ahí comenzamos.

Siempre ha tenido usted una postura abierta para hablar del conflicto vasco. ¿Cómo ve el momento actual desde la perspectiva de los derechos humanos?
Creo que hay dos aspectos en este momento. Uno relacionado con las comunidades históricas, y otro es la situación política general de los derechos humanos, que afecta tanto a estas como al resto. Acabamos de recibir dos serias advertencias de la Comisión de Venecia y de la Comisión Europea respecto a la libertad de expresión, pero también hay otras carencias llamativas en materia social. Aquí hay unos constitucionalistas que yo llamo minimalistas. Si la Constitución tiene más de 160 artículos, solo se saben dos: el 2, sobre la sagrada indivisibilidad de la patria, y el 155. El resto parece que no existen. Esto demuestra que estamos en grave déficit y retroceso.

¿Le sorprende que se siga criticando el acercamiento de los presos y presas vascas? ¿A qué achacaría usted esta resistencia a cumplir la legalidad?
La ley penitenciaria, desde su nacimiento, consideraba que los presos deberían estar lo más cerca posible de sus familiares y de su entorno social, porque eso contribuye a los principios constitucionales de reinserción. El caso del terrorismo tenía sus peculiaridades porque hay datos concluyentes de que algunos dirigentes que estaban en la cárcel dirigían la organización, concretamente el asesinato de mi compañera Carmen Tagle salió de una prisión. Tomar medidas para desmontar ese posible núcleo pudo tener su justificación, pero no generalizada. Es decir, no con todos los miembros de ETA. Si usted es policía, debería saber cuál es el núcleo. Ahora es absolutamente inexplicable.

Solo el 5,5% de estos presos está en tercer grado actualmente y muchos ya han cumplido las tres cuartas partes de su condena. ¿La Ley Orgánica 7/2003 no es una cadena perpetua de facto?
Es una interpretación del Derecho Penal del enemigo. Las legislaciones antiterroristas de todos los países han desbordado los límites racionales de la proporcionalidad justificándolo con el peligro que suponía para la estabilidad democrática. Y lo supuso en España. Pero todo eso ya ha pasado. Es hora de que se deje paso a los que sostenemos que una pena de cumplimiento íntegro de más de 20 años es inhumana y entra en colisión con los tratados internacionales.

¿Ve necesario derogarla o cabe una aplicación flexible por parte de la justicia?
Creo que con una aplicación flexible se podría llegar a alcanzar estos objetivos.

Por acercamientos que se están produciendo la crítica viene de las asociaciones de víctimas. ¿Cómo ve usted esta crítica?
A mí me ha preocupado siempre el protagonismo hipócrita por parte de los políticos a la hora de utilizar de las víctimas. Yo les preguntaría a algunos, e incluso a algunas asociaciones de víctimas, si los hijos de los asesinados en los 80 tienen asistencias para becas, protección... y no utilizarlas como punta de lanza para justificar la represión y la utilización no democrática de las leyes.

Muchos constitucionalistas solo se saben dos artículos: el 2, sobre la sagrada indivisibilidad de la patria, y el 155

En este momento preocupa la situación de Irati, una niña de tres años que van a separar de sus padres, que continuarán en prisión y se resisten a trasladarlos a Euskal Herria. ¿Cómo se puede responder a estas actuaciones en términos jurídicos?
Tendrían que ser los tribunales españoles los que solucionasen está cuestión y buscasen fórmulas flexibles. Pero si no, no quedaría otro remedio que acudir a la justicia internacional.

¿El audio entre el coronel del Cesid Juan Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Gómez Nieto sobre Mikel Zabalza es una oportunidad para reabrir el caso?
Yo creo que sí, es un caso que me preocupa.

El PSOE se agarra a que «el Estado de Derecho ya actuó».
Pues no se cómo, no tengo constancia. Se dio por buena una versión que no coincide con lo que ahora se ha descubierto.

Recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha vuelto a condenar al Estado español por no investigar eficazmente una denuncia de torturas, cuando el instructor de aquella causa era Fernando Grande-Marlaska. ¿Alguien que dejó pasar las torturas puede seguir siendo ministro de Interior?
Mucho antes de estas actuaciones, hubo bastantes visitas a lo largo de los años de delegados de la comisión contra la tortura y llegaron a la conclusión de que en España no se perseguía con la debida intensidad los casos de tortura. Por supuesto, en esto hay una especie de complicidad porque si un forense no dictamina... salvo que se trate de torturas físicas y visibles, como el caso de Joxe Arregi, eso sí sería una verdadera prevaricación. Pero los tribunales están en manos de un forense que te dice que si hay lesión, es compatible con… y también las «técnicas» de tortura, que muchas veces no dejan huella.

No es la primer caso registrado ni la primera condena, tampoco es la primera vez que implica a Grande-Marlaska.
Yo comparto que no se investiga suficientemente.

Parece que se hace caso omiso a Estrasburgo, también en el ‘caso Bateragune’. ¿Qué cree que va a ocurrir?
Me temo lo peor. Es una cosa que jurídicamente no tiene el menor soporte. Cuando un país firma el convenio europeo, acepta cumplir y ejecutar las sentencias de Estrasburgo o bien, como España, busca un rodeo y dice: bueno directamente no la ejecuto, pero la ejecuto a través del recurso de revisión. La revisión es la nulidad de todo lo actual. Como decían los romanos, lo que es nulo no produce ningún efecto. No se puede volver atrás.

¿Qué teme lo peor?
Lo matizo, no puedo ser tan tajante, pero algún artilugio sí sacarán.

Los rastros del «todo es ETA» repercuten también a GARA, que se ha visto obligado a pagar una deuda tras el cierre de ‘Egin’.
Eso es una forma de acabar con la libertad de expresión.

Sobre este tema, antes ha comentado la petición de Bruselas, que se suma a la del Consejo de Europa, que pidió adaptar el Código Penal del Estado a los estándares internacionales de libertad de expresión.
El campo del Código Penal es muy delicado porque ya no se discute el tema del delito de odio. Me parece un campo de minas. Es peligroso porque abarca un concepto, no solo indeterminado, sino absolutamente subjetivo. Antes teníamos un delito, el de las amenazas, y para que fueran delictivas tenían que ser serias, encaminadas a intimidar a una persona o grupo, tener un cierto grado de posibilismo. Sin embargo, se ha pasado a esto. Hemos entrado en una vorágine que a mí, si estuviese de magistrado, me crearía problemas.

¿Esperaba que este gobierno derogase la Ley Mordaza?
Una ley de orden público tiene que haber. Pero hay aspectos concretos que sí.

Acaba de publicar ‘El Gobierno de las togas’, con la Editorial Catarata. ¿A qué se debe el título?
Cuando Roosevelt puso en marcha 42 leyes de promoción social en la época del New Deal, el Tribunal Supremo se fue cargando una a una las 42. Eso se denominó activismo judicial. Inventaron también otra palabra que es self-restraint. Mire usted, cuando a mí me plantean un caso que tiene ribetes políticos, antes de lanzarme tengo que pensarlo muy bien. Y de ahí ha venido desencadenándose el intervencionismo que alcanza en España cotas preocupantes, no solo en el procés, sino también aquí, con el toque de queda, la hostelería... si hay que cerrar a las 7 o a las 8, será una cuestión de los científicos y un juez no tiene por qué meterse. Otro caso es la convocatoria de elecciones en Catalunya.

En España se ha desencadenado un intervencionismo judicial que alcanza cotas preocupantes, no solo en el procés

El paradigma de su libro es el procés. ¿Cómo ve la situación?
Se han producido resoluciones preocupantes. Hablaba antes del Derecho Penal del enemigo, que es su postura, obstinada e injustificada respecto a la aplicación del 100.2 de adelantar las salidas a prueba, el paso de grado al tercero... el TS ha demostrado un encarnizamiento penitenciario. Si aún hay algún político que cree que la solución pasa por ir condenando a 13 años sucesivamente independentistas, o no es político o, si lo es, habría que eliminarlo de la vida pública.

Dice que el indulto es un paliativo y la solución la amnistía.
Desde un punto de vista genérico, jurídico y político, es un paliativo. Pero hay unos señores que tienen 13 años de cárcel y quién soy yo para decir nada. Pero la amnistía es la solución, y además cabe perfectamente en la Constitución.

La amnistía es la solución, cabe además en la Constitución

¿Cómo ve el el bloqueo del CGPJ?
La Constitución dice algo que hemos copiado de la italiana: En Italia, de los 27 jueces, 17 son magistrados elegidos por jueces y magistrados. En España, en el año 80, se hace la primera ley orgánica exclusivamente para renovar el CGPJ. Y los jueces eligen, en ese momento, ese primer consejo. Si no quieren volver a los 80, dejemos las cosas como están ahora, pero con un matiz: si a los tantos meses no se consigue los tres quintos, pasamos al sistema de mayoría absoluta cualificada. No mayoría absoluta, que puede ser peligrosa.