Más de 100.000 ciudadanos bajaron este domingo a las calles ayer en diferentes ciudades del Hexágono para reclamar «una verdadera Ley sobre el Clima» ante el temor de que la norma que comenzarán a debatir hoy los parlamentarios franceses se quede a medias a la hora de acelerar la llamada transición ecológica.

Asociaciones ciudadanas, sindicatos y también algunos integrantes de la Convención Ciudadana por el Clima –a la que Emmanuel Macron encomendó hacer las recomendaciones que, solo de forma muy parcial, aparecen en el texto– protestaron por un proyecto que, a su juicio, carece de ambición.

En Euskal Herria, el colectivo Bizi! reunió a unas 400 personas en una movilización que recorrió las calles de Angelu para terminar ante el despacho de la diputada Laurence Lasserre, adscrita a la mayoría macronista.

Además, militantes ecologistas han llevado a cabo durante el fin de semana acciones bien para denunciar la «agresión publicitaria», bien para pintar, como en el caso de la capital zuberotarra,  carriles bici sobre el asfalto, para reclamar al alcalde local, Louis Labadot, que no siga dando prioridad al coche.

7.000 enmiendas

La discusión del proyecto de ley, al que se han presentado 7.000 enmiendas, promete ser intensa, ya que afecta a cuestiones diversas que van del modelo de movilidad -supresión de vuelos internos para trayectos en que haya alternativas de desplazamiento de menos de 2 horas y media- al aislamiento de los edificios.

La presión de algunos sectores ha llevado a edulcorar propuestas como las de la reutilización de las botellas de vidrio, mientras que otras, como la reducción de embalajes extendiendo la venta a granel también en grandes superficies, puede entrar con más garantías que las inicialmente previstas en el nuevo texto.

La derecha, con mayoría en el Senado, se marca el objetivo de reducir a su mínima expresión el delito de ecocidio que figura en el proyecto de ley, mientras que las formaciones ecologistas presionarán para que se refuercen los dispositivos en favor de las nuevas energías, la renovación térmica de los hogares, el impulso al uso de la bicicleta -con su correspondiente adaptación urbanística- y las sanciones a empresas que recurran a argucias legales o a fraudes para no cumplir con las medidas medioambientales.

La mayoría macronista evitará, por su parte, relanzar la polémica sobre los comedores escolares, dejando en manos de las instituciones locales ofrecer de forma voluntaria menús vegetarianos.

Pese a que el Estado francés se ha visto amonestado por no avanzar al ritmo prometido en la descarbonización, el Ejecutivo sigue rebajando sus previsiones y se resiste a adoptar medidas más decididas sobre los carburantes -la supresión de las ventajas fiscales al diesel para el transporte se fija en el horizonte de 2030 en el texto- o la puesta en marcha de una ecotasa, como reclaman las regiones más afectadas por el fuerte impacto medioambienetal del tráfico de mercancías por carretera.