Según ha informado este jueves el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), siete militares mexicanos involucrados en las ejecuciones extrajudiciales de la matanza de Tlatlaya del 2014 han sido detenidos de nuevo, tras ser absueltos hace años, y están siendo investigados por la Fiscalía General de la República.

En la madrugada del 30 de junio de 2014, 22 personas fueron asesinadas por soldados durante un enfrentamiento en una bodega en el municipio de Tlatlaya, en el estado de México, colindante con la capital mexicana.

Según la versión inicial ofrecida por el Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los fallecidos eran presuntos delincuentes que murieron durante un enfrentamiento armado con los militares. Pero dicha versión fue desmentida por uno de los tres supervivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio.

Según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de la bodega.

El proceso judicial

Según recordó este jueves el Centro Prodh, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) presentó cargos contra siete militares por la ejecución de ocho personas, aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) «en todo momento negó la existencia de ejecuciones».

«Una vez que los militares fueron detenidos, se les dictó auto de formal prisión. Sin embargo, un tribunal de segunda instancia revocó esta determinación en 2016», indicó la ONG.

En 2019 y tras un amparo contra el auto de libertad de estos soldados, un Tribunal Colegiado resolvió tomar en cuenta los testimonios de las víctimas y un peritaje que había sido desestimado. Finalmente, el Tribunal Unitario ordenó el arresto de estos siete militares. Una decisión que ha tardado 16 meses en producirse.

«La rehaprensión de los responsables es relevante. No habría ocurrido sin la perseverancia de las víctimas y sin el control del Poder Judicial sobre la investigación», concluyó el Centro Prodh, que pidió que se determine «cabalmente» cuántas víctimas dejó el suceso y se investigue «la cadena de mando».

Según el diario ‘El Universal’, que adelantó la noticia este jueves, los militares fueron detenidos a mediados de marzo, sin que se informara a la opinión pública.

Según el periódico, cuatro de los efectivos de la Sedena salieron bajo fianza el 26 de marzo para continuar su proceso en libertad, mientras que tres permanecen en una prisión militar de la Ciudad de México.

Todos los militares detenidos están acusados de ejercicio indebido del servicio público, y tres de ellos enfrentan además acusaciones por homicidio.