![Viviendas en Belín. (David GANNON/AFP)](/media/asset_publics/resources/000/790/341/article_main_landscape/Berlin2.png)
El Tribunal Constitucional alemán ha fallado en contra de la ley limitaba el precio máximo de los arrendamientos urbanos en Berlín, donde el 85% de la ciudadanía vive viviendas de alquiler. La norma, que entró en vigor el 23 de febrero de 2020, fijó un máximo de 9,80 euros por metro cuadrado y afectaba a los contratos de arriendo de 1,5 millones de viviendas.
En su sentencia, el tribunal establece que el legislador federal ya reguló los precios de alquiler y que «no hay espacio para el poder legislativo de los estados debido al efecto de bloqueo de la ley federal», y que puesto que la ley berlinesa «también regula esencialmente el alquiler del espacio habitable sin restricciones, es nula en general».
Según la ley berlinesa, a partir de 2022 los propietarios podrían incrementar los precios en un 1,3% anual para incorporar la inflación, tomando como referencia los precios vigentes en junio de 2019.
Hacer frente al auge de los precios
Berlín era tradicionalmente una ciudad de alquileres bajos, en relación con el resto del país, pero desde que recuperó su estatus de capital alemana, tras la reunificación del país en 1990, empezaron a subir los precios a niveles semejantes a otros grandes núcleos urbanos.
En los últimos años esta evolución se disparó, tanto en la vivienda de alquiler como de propiedad: entre 2011 y 2016 se estima que subieron un 40% y el incremento fue del 20% anual en los dos años previos a la entrada en vigor al tope sobre el que ahora se ha pronunciado el Tribunal Constitucional.
Iniciativa en la CAV
En Hego Euskal Herria también existe un debate sobre la necesidad de limitar el precio del alquiler en zonas tensionadas.
Basta con recordar el debate que tuvo lugar el pasado mes de febrero en la Cámara de Gasteiz, donde PNV y PSE rechazaron, con el apoyo de PP-Cs y Vox, una proposición de ley propuesta por EH Bildu.
En línea con el argumento del Constitucional alemán, Lakua expresó su rechazo la norma por entender que era una «iniciativa inoportuna y precipitada» por existir ya una propuesta estatal que ofrece más seguridad jurídica. Sin embargo, lo cierto es que a día de hoy PSOE y Unidas Podemos no han acordado una norma.
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