El Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha aprobado por unanimidad el informe de fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa correspondiente al ejercicio 2019.

Aunque ha emitido una opinión favorable sobre el conjunto de capítulos analizados, ha remarcado varias salvedades puntuales. Así, señala varios ajustes contables que aumentarían el remanente de tesorería disponible de la institución foral en 10,9 millones de euros.

Asimismo, resalta que el Balance de Situación de la Diputación «no recoge la cesión gratuita de doce edificios de residencias de ancianos, ni las concesiones administrativas de obra pública de tres».

Señala también que el estado de créditos de compromiso «no incluye los compromisos por las transferencias a realizar al CRG entre 2020 y 2029 por 59 millones de euros»

Y no se han podido verificar determinadas partidas del inmovilizado material e intangible del balance de la Diputación y del activo corriente de Etorlur.

Bidegi y la «incertidumbre» sobre los peajes a camiones

El balance incluye, además de las cuentas de la Diputación, las de sus organismos autónomos (Fundación Uliazpi y Kabia), sus sociedades mercantiles (IZFE, Bidegi y Etorlur Gipuzkoako Lurra) y sus fundaciones (Kirolgi, Sueskola Gipuzkoa, Adinberri, Ziur, Mubil y Fundación del Cambio Climático de Gipuzkoa).

El TVCP ha observado falta de información en las Cuentas Anuales de Bidegi respecto a «una incertidumbre relativa a los ingresos registrados en 2018 y 2019 por el canon de utilización de determinados tramos de las carreteras de alta capacidad A-15 y N-1 de Gipuzkoa para los vehículos pesados de transporte de mercancías».

En ese sentido, recuerda qe acuerdo con sentencia del Tribunal Supremo español de 16 de febrero de 2021, la Norma Foral 7/2016, reguladora del canon en 2018, «ha devenido definitivamente nula, no habiendo sido posible cuantificar el efecto sobre los ingresos reconocidos a su amparo».

Deficiencias en Personal y Contratación

Por otro lado, el Tribunal informa del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. De esta forma, considera que las entidades fiscalizadas han cumplido «razonablemente» con la normativa legal que regula su actividad económico-financiera.

No obstante, detecta «deficiencias puntuales» relativas al área de Personal (exención de IRPF de determinadas retribuciones a sus empleados en la Diputación y Uliazpi, y contrataciones de personal laboral fijo en las fundaciones Adinberri, Cambio Climático de Gipuzkoa y Ziur, sin que existiese tasa de reposición).

Y también Contratación Administrativa, con gastos por un total de 3,4 millones de euros sin utilizar el procedimiento de adjudicación correspondiente, y contratos de servicios para los que se ha iniciado el procedimiento de licitación con retraso, por un total de 10,8 y 3,1 millones de euros en la Diputación y Kabia, respectivamente.