En 2021, diez años después del cambio de ciclo, todavía se va a juzgar un macroproceso político: se trata del llamado 13/13, que afecta a ocho ciudadanos y ciudadanas vascas muy conocidas por su labor en las cárceles. Este lunes han comparecido en Bilbo para comunicar a la sociedad vasca que el comienzo del juicio ha sido fijado para el 12 de julio por la Audiencia Nacional, explicar su posición y avanzar diferentes respuestas. Se enfrentan a una petición fiscal global de 77 años.

Varios de los imputados son abogados. Contra Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Naia Zuriarrain, Julen Zelarain, Iker Sarriegi, Saioa Agirre, Nerea Redondo y Juan Mari Jauregi se formulan peticiones fiscales de entre 7 y 19 años de cárcel. Llevan años a la espera de juicio desde que esto se conoció. Y es más de una década desde la redada de la Guardia Civil, que ocurrió en 2010 y llevó a prisión a varios de ellos. Aquella operación llevaba la firma del entonces juez especial y hoy ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En una comparecencia ofrecida en Bilbo por seis de los ocho imputados han incidido en que este juicio llega «totalmente fuera de tiempo y lugar, si es que alguna vez pudiera estar dentro de tiempo». En los próximos meses mantendrán contactos con agentes políticos y sindicales, instituciones y organizaciones sociales para incidir en su análisis, compartido por una mayoría, de que este juicio está fuera de tiempo. Además, han anunciado sendas movilizaciones para el 10 de julio en Bilbo y Donostia.

«Es hora de que presas y presos vuelvan a casa sin mayor demora; es hora de aclarar las consecuencias del conflicto, todas –han subrayado Saioa Agirre y Nerea Redondo, que han dado lectura a un manifiesto–, e intentar cerrar bien las heridas; es hora de ir a la raíz del conflicto político; estamos en la etapa de abrir nuevas oportunidades a la sociedad vasca, a la libertad, a la democracia; para que lleguemos al marco de convivencia democrática que necesita la sociedad vasca».

Han recordado el contexto político en el que desarrolló el operativo policial. «Nosotras y nosotros estábamos trabajando activamente para ayudar al Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos a adaptarse al nuevo escenario y convertirse en un agente activo», han expuesto, destacando que sus detenciones perseguían frustrar esa tareas.

«Las cloacas del Estado»

«En aquella operación, los aparatos de las cloacas del Estado español mostraron hasta dónde estaban dispuestos a llegar: con la implicación del CNI sin ninguna cobertura legal, con manipulación de pruebas, vulneraciones de derechos fundamentales, malos tratos y torturas», han señalado.

Once años después, han afirmado que la aportación de EPPK ha resultado «decisiva» para llegar al escenario actual. A pesar de ello, han subrayado que varias consecuencias del conflicto siguen sin resolución, «se demoran en el tiempo y se enquistan, generando dolor y sufrimiento».

Los imputados destacan el papel que está juzgando la Audiencia Nacional, «que sigue siendo un instrumento de excepción para que todo permanezca anclado al pasado». «El antiguo 'ruido de sables» transformado ahora en 'ruido de togas'», han añadido.

Interpelados por la posibilidad de alcanzar un acuerdo previo al inicio del juicio, han remarcado que no lo hay ni saben de la voluntad de la Fiscalía por alcanzarlo. A este respecto, han anunciado una próxima comparecencia de sus abogados para dar detalles de índole jurídico.