![Concentración de las y los trabajadores de PCB ante el Palacio de Justicia de Bilbo mientras se celebraba el juicio por los despidos. (Aritz LOIOLA/FOKU)](/media/asset_publics/resources/000/795/755/article_main_landscape/bilbo_pcb.jpg)
Alegría entre los y las trabajadoras de las plantas de Precisión Casting Bilbao SA (PCB) en Barakaldo y Sestao después de que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) haya declarado nulo el ERE que la compañía les había impuesto. El expediente afectaba directamente a 87 personas y 3 más cautelarmente.
La resolución judicial recoge el derecho a la vuelta a sus puestos de trabajo de las 90 personas despedidas y el cobro de los salarios de tramitación. En la sentencia dictada este martes se sostienen que el ERE no tenía causas que lo justificasen y de que la empresa pretendía aprovechar la situación coyuntural generada por la covid-19 para realizar despidos en su plantilla.
Los magistrados concluyen que el despido es «injustificado», ya que la medida adoptada por la empresa «responde a una situación que económicamente no es realmente negativa». Tras analizar los datos económicos, sostienen que las medidas adoptadas por la dirección de PCB son «desproporcionadas», porque «no es admisible la reducción de una quinta parte de la plantilla» con el nivel de actividad y ventas que mantienen.
Exponen que las causas que se esgrimen son derivadas de la pandemia, «no una económica-productiva estructural». Abunda en esa cuestión, llegando a la conclusión de que no está justificado un despido colectivo. «Nada en los informes hacía prever la necesidad de la articulación de un despido objetivo, tal y como nos lo demuestra el informe de auditoría del ejercicio 2019», sostienen.
Tampoco las causas productivas lo permiten, al incidir en el incremento de pedidos que se produjo en 2020 respecto al ejercicio anterior.
El precedente del ERTE
Además, considera que PCB instrumentaliza el ERTE que fue anulado y declarado injustificado por la Sala para justificar los despidos. «No es posible analizar diferentes instrumentos de flexibilidad interna y de salida si no existen distintas causas justificativas, y, todavía, es más censurable si es que la medida actual de despido se ha producido por una reactiva disposición de la demandada frente a las declaraciones judiciales que anularon y dejaron sin justificación la primera medida empresarial», manifiestan.
El día en que se celebró el juicio contra el despido colectivo, los representantes de los trabajadores señalaron que tenían la esperanza de que fuera declarado nulo, sobre todo, después de que la semana pasada el TSJPV considerara que «no estaba justificado» el ERTE que había planteado la empresa. Por ello, reconocían que acudían al juicio con ilusión de que se atendiesen sus reivindicaciones.
En una valoración de urgencia, CCOO ha destacado «el compromiso y el ejemplo» mostrado por la plantilla de PCB en todas las movilizaciones, negociaciones y también en la vía judicial.
El sindicato ELA ha indicado en otra nota que el tribunal ha confirmado los argumentos que durante meses ha mantenido esta central respecto a que el ERE «no tenía causas que lo justificasen y que la empresa pretendía aprovechar la situación coyuntural generada por el covid-19 para realizar despidos en su plantilla».
LAB ha felicitado a la plantilla por su «lucha ejemplar» y ha remarcado que la sentencia demuestra que «no había causa justificada» para los despidos. «La única intención que tenía la empresa era seguir enriqueciéndose poniendo como excusa el covid-19», ha añadido.
El sindicato ha preguntado a la consejera autonómica de Industria, Arantxa Tapia, si «va a defender el derecho al trabajo» de las personas despedidas «del mismo modo y con la misma firmeza que durante el conflicto defendió el derecho al trabajo» de quienes no secundaban la huelga», y ha subrayado el papel jugado por el Gobierno de Lakua, que «no ha sido otro que enviar a la Ertzaintza a apalear a trabajadores y trabajadoras y a criminalizar una lucha totalmente legítima».
LAB ha recordado que uno de sus delegados, Zigor Azpiolea, se encuentra encausado, y ha exigido a la dirección de PCB que retire los cargos.
Recurso al Supremo
ITP Aero ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo español. La compañía sostiene que el objetivo del ERE era «salvaguardar la viabilidad de PCB en el medio y largo».
«PCB lleva dando pérdidas desde 2016, para lo que puso un marcha un plan de inversión que ha sido truncado dada la crisis del sector aeronáutico y los cambios estructurales derivados, y la no recuperación del sector a niveles de 2019 hasta al menos 2025 o 2026», ha insistido.
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