«Definir un plan de reintegración» para los presos es lo que ha planteado el Foro Social Permanente al Gobierno de Lakua el mismo día en el que se ha firmado en Bilbo la transferencia a la CAV de la competencia en materia penitenciaria.

En un comunicado hecho público, valora esa transferencia «como un paso necesario que debería facilitar la aplicación de una política penitenciaria normalizada a las personas condenadas por delitos de motivación política y el fin de las medidas excepcionales aún vigentes».

Recuerda que el citado traspaso es uno de los cinco puntos incluidos en la ‘Agenda urgente de resolución’ que presentó en setiembre de 2018 y que «ha definido nuestra hoja de ruta del trabajo realizado desde entonces en esta materia».

Como viene afirmando, el Foro Social Permanente entiende que «el cierre de las tres cuestiones pendientes en la primera fase –fin del alejamiento y del primer grado, y transferencia de prisiones– va a permitir, a su vez, cerrar la mayoría de los cinco puntos de la ‘Agenda urgente de resolución’». Además, «permitirá constatar una voluntad política plena que genere un clima de confianza suficiente para poder encarar la segunda fase del itinerario, es decir, la resolución definitiva a esta cuestión».

Apunta que «existe consenso institucional y político suficiente en este horizonte» y considera que «toca ahora un plan de reintegración que, pilotado desde las instituciones públicas y consensuado con los diferentes agentes, permita el acompañamiento a las personas presas en su itinerario individual de reintegración: tercer grado y posterior reintegración social».

Por último, el Foro Social Permanente reitera su compromiso de «seguir aportando diagnósticos, compartiendo experiencias, proponiendo recomendaciones y ejerciendo las necesarias tareas discretas de facilitación para construir los nuevos consensos necesarios que nos permitan afrontar la segunda fase y encontrar soluciones innovadoras también a estas dos cuestiones pendientes».