Varios colectivos sociales han denunciado en el Parlamento de Gasteiz el «racismo policial» que sufren personas racializadas por parte de la Ertzaintza y las policías locales, a las que, entre otras críticas, han acusado de realizar identificaciones y cacheos «humillantes» de personas inocentes «basadas en estereotipos étnicos o religiosos».

Estos colectivos, entre los que se encuentra SOS Racismo y Rights International Spain, han presentado ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento de Gasteiz el manifiesto '29-M. Stop al racismo policial'.

El título de este manifiesto alude a la actuación de ertzainas que, según se apreció en un vídeo difundido en esa fecha en redes sociales, golpearon a un joven y a su madre en el transcurso de una intervención efectuada en el Barrio de San Francisco de Bilbo.

El 30 de marzo, la entonces consejera de Seguridad de Lakua, Estefanía Beltrán de Heredia, anunció que la unidad de asuntos internos de la Ertzaintza había abierto una investigación sobre la actuación de los agentes que participaron en aquella intervención.

No obstante, en su comparecencia de este lunes en el Parlamento, SOS Racismo Bizkaia ha asegurado que hasta el día de hoy no tienen constancia de dicha investigación.

Los firmantes del manifiesto pretenden denunciar el problema del racismo policial, del que denuncian que se encuentra «profundamente invisibilizado» y que resulta «negado por parte de las instituciones, medios de comunicación y sindicatos policiales».

En el manifiesto se constata que «el racismo es una construcción cultural y política fundada sobre prejuicios y estereotipos muy arraigados e instalados mediante la imposición de relatos y discursos a lo largo de la historia, siendo en la actualidad una palanca de los sistemas económicos que sustentan un nuevo colonialismo a nivel mundial».

«La CAV no es una excepción»

En el texto se subraya que esta estructura jerárquica del mundo, «que inferioriza a una parte de la población», se evidencia «en el trato racista que se da a las personas racializadas y migrantes que habitan el territorio europeo y occidental, criminalizándolas por su origen, color de piel, religión o etnia».

Los firmantes del documento alertan de que la CAV «no es una excepción», dado que también en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa «los cuerpos policiales, amparados por el racismo institucional, no se ven obligados a actuar con las personas racializadas respetando garantías legales ni derechos humanos, a pesar de que, por el simple hecho de su naturaleza humana, todas las personas merezcan un trato digno, libre de violencia y discriminación».

En el manifiesto se detallan diversas prácticas racistas cometidas por las fuerzas policiales, entre las que se destacan las identificaciones por perfil étnico como identificaciones «por sus rasgos y sin motivo aparente, excepto la propia percepción como 'sospechoso' por parte del agente de la Policía».

Cacheos y agresiones

Estas «paradas», según se alerta en el texto, «acaban muchas veces en cacheos humillantes en la vía pública o en portales», mientras que otras veces derivan incluso en «agresiones racistas, verbales y físicas», con multas y denuncias por parte del agente de la Policía.

Estas prácticas policiales «son ilegales y están prohibidas por los convenios internacionales y europeos». En este sentido, se recuerda que los sucesos del 29 de marzo del año pasado en la calle San Francisco empezaron por una «identificación racista», y que toda la actuación policial desarrollada después contra el joven y su madre «no se puede explicar ni entender fuera del marco del racismo estructural».

Otros problemas que se ponen de relieve en el texto son las «agresiones físicas a supuestos sospechosos, aprovechado intervenciones en zonas aisladas, sin testigos en la calle», o el «rechazo y obstaculización» de la tramitación de las denuncias de las víctimas de agresiones policiales racistas en comisarías.

También se critica la criminalización que padecen barrios empobrecidos y excluidos, como el barrio San Francisco de Bilbo, en los que se realizan «demostraciones de fuerza, desfiles policiales y actuaciones que no se han dado en ninguna otra zona de la ciudad».

Supervisar la formación

Ante todas estas situaciones, se reclama a las instituciones que reconozcan y condenen «la existencia real de las paradas por perfil étnico o racial», así como que se controlen los procedimientos y protocolos policiales, con el fin de prevenir y eliminar las identificaciones de personas inocentes «basadas en estereotipos como el color de piel, características físicas, étnicas, culturales o religiosas».

También se solicita que se supervise el proceso de selección y formación en materia de igualdad de trato y no discriminación en la Academia de la Policía de Arkaute y en programas específicos para los cuerpos policiales en activo, con el fin de «corregir y eliminar prejuicios y actuaciones racistas». En el manifiesto se reclama que se establezcan controles internos y externos, y que se introduzcan sanciones contra los agentes que cometan abusos e identificaciones basadas en el perfil étnico. A su vez, se solicita un cambio de las leyes que puedan contribuir a «amparar el abuso policial y, particularmente, las agresiones policiales racistas».