Diez euros por día de retraso en cada dosis comprometida es la cantidad que reclamará la Unión Europea a AstraZeneca desde julio, una cantidad que se sumará a una penalización de al menos diez millones de euros al laboratorio que distribuye la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford, según ha señalado en el tribunal francófono de primera instancia de Bruselas el abogado Rafaël Jafferali, que representa a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la UE.

Esa última reclamación, no obstante, no se efectuará en este juicio con carácter de urgencia, sino que se trasladará a otro proceso, con carácter ordinario, cuya primera vista está programada en septiembre y el veredicto no se producirá antes de 2022.

En este proceso de urgencia, cuyo fallo se conocerá antes de julio, la Comisión y los países de la UE buscan que la corte obligue a AstraZeneca a entregar las dosis que faltan de su vacuna, basada en el adenovirus y desarrollada por la Universidad de Oxford.

Según han asegurado los portavoces de la Comisión, el Ejecutivo no persigue una indemnización económica en sí misma, sino utilizar esa amenaza como palanca para que la farmacéutica entregue las dosis que faltan.

En virtud del contrato firmado entre la Comisión y AstraZeneca el pasado agosto, el laboratorio se había comprometido a entregar 300 millones de dosis de su fármaco contra el covid-19 en el primer semestre de 2021. Pero sólo ha entregado 55 millones por ahora, según ha indicado el letrado en el tribunal, y no prevé entregar más 100 millones a la UE al cierre de junio próximo.

Si no fuera porque otros laboratorios, como Pfizer-BionTech, han aumentado las entregas comprometidas, solo dos países de los veintisiete Estados miembros de la UE alcanzarían el objetivo de vacunar al 70 % de la población adulta para este verano, ha dicho el letrado.

La UE reclama que las entregas antes de julio lleguen al menos a los 120 millones de dosis, con lo que la indemnización que solicitará podría alcanzar los 200 millones de euros al día, más una multa.

AstraZeneca, que defenderá en breve sus argumentos ante el tribunal, ha adelantado ya que entiende que el calendario de entregas era «indicativo» y que el contrato sólo le obligaba a hacer «mejores esfuerzos razonables» para entregar los fármacos en esos plazos.