«Es preocupante la situación que observamos en la Comunidad Autónoma Vasca. Nos preocupan especialmente los retrocesos políticos que durante las últimas semanas se han venido dando en el tratamiento hacia las víctimas del Estado», constata el Foro Social en una nota que ha hecho pública hoy. Frente a ello, califica de esperanzador que el Tribunal Constitucional español haya dado el visto bueno a la ley aprobada en el Parlamento navarro para el reconocimiento de víctimas de violencia policial «frente a los recursos negacionistas que tratan de boicotear la construcción de la convivencia democrática».

Esta situación se da «pese a que en los territorios históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa existe desde hace dos años en marcha una ley de reconocimiento a las víctimas de estas violencias; y pese a que los consensos políticos que se reflejan en diversos acuerdos institucionales, como pueden ser las mociones promovidas en distintos ayuntamientos, demuestran la existencia de un consenso político amplio sobre cómo hacer frente a la cuestión del reconocimiento y la reparación, las últimas semanas se han multiplicado los elementos perturbadores del consenso».

«Decisiones judiciales»

«Nos referimos a decisiones judiciales que entorpecen una vez más la búsqueda de un trato equitativo por parte de las víctimas del Estado; el diferente tratamiento dado por responsables políticos a las preocupaciones y demandas trasladadas por víctimas organizadas en distintas organizaciones; o los virajes que organizaciones políticas han hecho al ser interpeladas por este colectivo de víctimas», concreta el Foro Social.

«Desde el Foro Social Permanente queremos incidir de forma expresa en que este tipo de actuaciones dificultan poder continuar dando pasos hacia la convivencia democrática del futuro, porque siguen revictimizando, discriminando y categorizando a las víctimas del Estado. Una situación de humillación que creíamos definitivamente superada», señala.

Instan a la reflexión

«Es por ello que instamos a los agentes institucionales y políticos a una nueva reflexión sobre el papel que han de desempeñar en este momento del proceso de construcción de paz, hagan suyos los compromisos que la sociedad vasca les demanda, y eviten a toda costa actitudes que puedan revictimizar a estas victimas», añade.

«La premisa principal que guía el trabajo del Foro Social Permanente en lo referente a los derechos de las víctimas ha sido y es claro: todas las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación; y las mismas vulneraciones de derechos humanos, han de contar con idéntico nivel de reconocimiento político y legal, sin tomar en consideración cuál ha sido el agente violento que las ha llevado a la práctica. Sin equidistancias y sin discriminaciones», subraya.

«Este es un principio irrenunciable para sentar las bases definitivas de una convivencia democrática en nuestro país, basada en una cultura de derechos humanos y paz. En este objetivo, todas las víctimas deben quedar fuera del legitimo debate interpartidario de la denominada ‘batalla del relato’ y, para ello, el requisito básico es que todas las víctimas sean tratadas en igualdad de condiciones. Las víctimas deben obtener el reconocimiento que les corresponde, y dejar de ser categorizadas, de una vez por todas, según la violencia que las golpeó. Nunca más ninguna víctima debe sentirse excluida, menos aún por representantes públicos», reclama.