![Jordi Pujol, en su comparecencia en una Parlament. (Lluis GENE/AFP)](/media/asset_publics/resources/000/114/998/article_main_landscape/jordi_pujol.jpg)
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la apertura de juicio oral contra el president catalán Jordi Pujol y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con supuestas actividades corruptas aprovechando su posición política, y ha pedido al «clan» que deposite 7,5 millones de euros para cubrir las eventuales responsabilidades civiles.
Pedraz lleva al banquillo de los acusados a toda la familia, a excepción de la mujer del president, Marta Ferrusola –a la que exoneró por su estado de salud después de que la defensa presentara un informe médico en el que alegaba que sufría demencia severa–, así como a otras once personas, entre ellas Mercé Gironés, la ex mujer del primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, y varios empresarios.
Les imputa presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, delito de frustración en la ejecución y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública. Para garantizar las posibles responsabilidades civiles por estos últimos, pide a Jordi Pujol Ferrusola que deposite 7,5 millones de euros y a su ex mujer, otros 400.000 euros, en el plazo de diez días.
De esta forma, el instructor ha seguido los pasos de la Fiscalía Anticorrupción, que se dirigió contra todo el «clan», pidiendo 9 años de cárcel para el patriarca y hasta 29 para su hijo mayor, mientras que la Abogacía del Estado apuntó solo al primogénito, su ex mujer y otro hermano, Josep Pujol Ferrusola, interesando para ellos 25, 17 y cuatro años de prisión, respectivamente.
En el auto con el que puso fin a la instrucción, hace ya casi un año, el juez propuso juzgar a la familia al completo por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su «posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas», acumular un «patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».
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