A pesar de las presiones españolas, la resolución de Cilevics, en base a su informe ‘¿Deberían los políticos ser perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?’, ha sido avalada por 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones.

El diputado letón ha defendido en todo momento que las penas impuestas por el Tribunal Supremo español a los líderes independentistas fueron «desproporcionadas».

Cilevics ha afirmado en ese sentido que «el referéndum fue ilegal, iba en contra de la Constitución y el problema es que la sanción fue desproporcionada y por ello, contraria al Estado de derecho».

El texto aprobado –que hacía referencia también a la persecución turca contra los dirigentes kurdos–, además de respaldar la decisión ya anunciada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de indultar a los presos del procés y reformar los delitos de rebelión y sedición, defiende que «considere abandonar los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes que viven en el extranjero que están buscados por los mismos motivos».

Asimismo, se plantea a las autoridades españolas que «se abandonen los procesos pendientes para cargos de rango inferior implicados en el referéndum inconstitucional de 2017 y no se sancione a los sucesores de los políticos encarcelados por acciones simbólicas que simplemente expresan su solidaridad con los detenidos».

El PSOE había pedido expresamente suprimir este punto. «Esto no puede hacerlo el Gobierno porque es una competencia judicial» y por tanto «sería contrario a la independencia del poder judicial, a la separación de poderes», ha defendido el senador Antonio Gutiérrez Limones. «El Gobierno no puede incumplir una sentencia o una resolución judicial», ha recalcado.

Tampoco han prosperado las enmiendas formuladas por el PP, que ha insistido en que los políticos independentistas no fueron condenados por ejercer su libertad de expresión sino por sedición y malversación de fondos públicos tras un juicio «con todas las garantías».

«España es una democracia sólida, un país descentralizado con tribunales independientes y cuya realidad es totalmente distinta y no tiene nada que ver con lo que se muestra en este informe», ha defendido el diputado Pablo Hispán.

El Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, es una organización internacional que tiene como objetivo la defensa de los derechos humanos. Forman parte de ella 47 estados, entre ellos los 27 miembros de la Unión Europa.

El Gobierno español critica el informe; el catalán ve una victoria política

El Gobierno español ha reaccionado subrayando que «mantiene un reproche general» al informe del Consejo de Europa además de apreciar «un vicio de origen» e «incoherencias», pues cuestiona la libertad de expresión de los políticos en el Estado español e insta al Ejecutivo «a detener procesos judiciales y extradiciones pendientes, algo que choca con el respeto al principio de separación de poderes».

Por el contrario, el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha asegurado que el dictamen de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, «deja en ridículo los indultos de Sánchez».

«Estamos ante una nueva victoria. En este caso una victoria política. Hemos vivido victorias judiciales en el pasado y hoy hemos visto la primera gran victoria política en el exterior», ha sostenido Puigneró.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacado que el dictamen cuestiona las penas impuestas a los independentistas catalanes y ha pedido retirar la solicitud de extradición a Carles Puigdemont.

«Claro mensaje del Consejo de Europa a la justicia española. Marca el camino para revertir la represión y la causa general contra el 1-O», ha remarcado en un tuit.

Clar missatge del Consell d’Europa a la justícia espanyola. Marca el camí per revertir la repressió i la causa general contra l’1-O. És oxigen per la resolució del conflicte polític entre Catalunya i Espanya mitjançant la negociació i la democràcia. Catalunya s’hi compromet. https://t.co/w5FdPZOnGL

— Pere Aragonès i Garcia  (@perearagones) June 21, 2021

Aragonés ha añadido que este dictamen «es oxígeno para la resolución del conflicto político entre Catalunya y España mediante la negociación y la democracia»,

Por su parte, la representante de ERC, Laura Castel, en nombre de los políticose en prisión y en el exilio ha aplaudido al autor del informe y ha defendido que «votar nunca puede ser un delito» sobre todo cuando se hizo de forma pacífica.