![La cárcel de Gradignan, junto a Burdeos, fue una de las visitadas en 2019 por el Comité para la Prevención de la Tortura. (Ministère de la Justice)](/media/asset_publics/resources/000/810/210/article_main_landscape/Gradignan.jpg)
Una delegación del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) efectuó en diciembre de 2019 su séptima visita al Estado francés, donde revisó la situación en doce instalaciones de la Policía y la Gendarmería, cuatro prisiones y la unidad de cuidados psiquiátricos de Cadilhac (localidad cercana a Burdeos).
En su informe, difundido este jueves, el organismo dependiente del Consejo de Europa –que el pasado lunes recriminó al Estado español por la persecución de políticos independentistas catalanes– dice sentirse «profundamente preocupado» por las «condiciones materiales de detención» en ciertas comisarías, por «la superpoblación carcelaria» y por «la falta plazas en psiquiatría para personas atendidas sin consentimiento».
El CPT señala que, «como en las visitas precedentes, la gran mayoría de personas contactadas», tanto en las comisarías como en los centros de prisión preventiva, «no hicieron ninguna denuncia de malos tratos físicos». En cambio, sí recibió denuncias de «insultos, incluidos de carácter racista, homofóbico o transfóbico, por parte de la Policía», así como «amenazas con arma».
Arrastrado por el suelo tras tirarle de su silla de ruedas
«Un número no desdeñable de personas, incluidos menores de edad, indicaron haber sido golpeadas intencionadamente (...) durante la detención una vez inmobilizados», desvela también el informe.
El documento menciona en particular el caso de «una persona con movilidad reducida» que relató que durante su detención en la ciudad de Lille «fue empujada de su silla de ruedas, arrastrada por el suelo hasta una celda y golpeada por los policías».
«Los vídeos consultados por la delegación corroboran esta denuncia», ha precisado el CPT, que señala que el «mensaje de ‘tolerancia cero’ ante los malos tratos debería ser recordado regularmente al conjunto de las fuerzas del orden».
Los dos últimos informes del CPT sobre el Estado francés, los de 2012 y 2017, ya habían sido bastante críticos en ese sentido.
Hasta ahora, la respuesta de París ha consistido en negar cualquier responsabilidad institucional: «Las autoridades francesas no toleran la menor violencia inapropiada de las fuerzas del orden» y, si «tales actos» se producen, son «sistemáticamente condenados».
Hasta tres presos en una celda de 10 m2
En cuanto a la situación en las cárceles francesas, el informe resalta que «desde 1991 se hallan superpobladas en niveles preocupantes, con tasas de ocupación que superan el 200% en ciertos establecimientos».
«En el momento de la visita», muchos detenidos estaban alojados «de dos en dos o de tres en tres en celdas de menos de 10 metros cuadrados» en las prisiones de Burdeos-Gradignan, Lille-Sequedin y Maubeuge. Y la «presencia de ratas» fue constatada en estas dos últimas.
El Comité también recibió «un pequeño número de denuncias de violencias intencionadas del personal» hacia los detenidos y «un número más importante» de testimonios de «uso excesivo de la fuerza», sobretodo «durante la estancia en celdas de castigo».
El CPT insta a París a adoptar «una estrategia global» para «reducir la población carcelaria», especialmente recurriendo a la «adecuación de las penas».
«El contexto (...) ha cambiado profundamente» desde la visita del Comité, ha replicado el Gobierno de Emmanuel Macron, aludiendo a que «a partir de marzo» de 2020 se redujo la población presa para «prevenir la propagación» del coronavirus en las cárceles.
Precisamente, en otro informe publicado este jueves y redactado tras una visita en julio de 2020 a centros de detención en Estrasburgo (prisión, comisarías, gendarmería...) con el fin de evaluar las medidas contra la pandemia, el CPT considera que, «en su conjunto», estas han sido «relevantes» para la protección de los agentes y los detenidos, aunque puntualiza que «aún se puede mejorar la atención de estos últimos».
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