El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este viernes que demandará al estado de Georgia por su nueva ley electoral, aprobada con el apoyo de los republicanos, ya que asegura que supone una discriminación intencionada contra los votantes negros, por lo que sería inconstitucional.

La nueva legislación impone nuevos requisitos de identificación de votantes para las papeletas de voto ausente, limita el uso de urnas electorales y faculta a los funcionarios estatales para hacerse cargo de las juntas electorales locales, entre otros, en lo que el Departamento de Justicia considera un ejercicio de supresión de voto.

El fiscal general estadounidense, Merrick Garland, junto con la fiscal adjunta Kristen Clarke, ha anunciado este viernes que «esta demanda es el primero de los muchos pasos que estamos dando para garantizar que todos los votantes registrados puedan emitir su voto», y ha enfatizado que «el estado promulgó esas restricciones con el propósito de negar o restringir el derecho al voto por motivos de raza o color».

Tras el anuncio de Garland, el gobernador del estado, el republicano Brian Kemp, ha criticado en un comunicado que la demanda «nace de las mentiras y la desinformación que el Gobierno de Biden ha impulsado contra la Ley de Integridad Electoral de Georgia desde el principio», recoge Bloomberg.

Además, ha acusado a la Administración de «utilizar como arma al Departamento de Justicia de Estados Unidos para llevar a cabo su agenda de extrema izquierda que socava la integridad de las elecciones y empodera al Gobierno federal a extralimitarse en nuestra democracia».