La oscura figura de Vladimiro Montesinos, el súperasesor del expresidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) y responsable de la gigantesca red de corrupción que acaparó el Estado en los años 90, ha reaparecido en medio del intento de Keiko Fujimori de evitar su derrota en las recientes elecciones presidenciales.

El mismo día que se cumplían veinte años de su detención en Venezuela, el 24 de junio de 2001, tras haberse fugado de Perú salieron a la luz unas grabaciones con la supuesta voz de Montesinos donde aparentemente se le escucha coordinar el soborno de tres de los cuatro magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Las grabaciones han sido presentadas por el excongresista Fernando Olivera, el mismo que en el año 2000 destapó los ‘Vladivideos’, la serie de filmaciones hechas por Montesinos donde grababa en la sede del servicio de inteligencia (SIN) el momento en que sobornaba a políticos, magistrados y periodistas, entre otros.

En las grabaciones de Olivera, capturadas de llamadas telefónicas, Montesinos parece ocuparse, desde la cárcel donde cumple una condena de 25 años de prisión, de comprar con dinero el favor de la mayoría del pleno del JNE, el máximo órgano electoral de Perú, que debe revisar los recursos presentados por Keiko Fujimori.

Su objetivo era supuestamente que el JNE aceptase todos los recursos presentados por la candidata para anular unos 200.000 votos de zonas rurales, andinas y pobres donde su rival y virtual presidente electo, Pedro Castillo, obtuvo un apoyo abrumador, ya que muchas de estas solicitudes fueron presentadas fuera de plazo.

Para esta coordinación, Montesinos utilizaba presuntamente un teléfono fijo de la cárcel de máxima seguridad de la Base Naval del Callao, donde se encuentra recluido, algo que hasta el momento no ha sido desmentido por la Armada peruana.

Enlace con el tribunal electoral

Aparentemente, las grabaciones fueron realizadas por el militar retirado Pedro Rejas Tataje, una persona muy cercana a la familia Fujimori, a quien Montesinos le ordenaba contactar con Guillermo Sendón para llegar hasta los magistrados del JNE.

En otra grabación hecha con cámara oculta se aprecia a Sendón afirmar que el magistrado Luis Arce le había pedido tres millones de dólares para cada uno de los magistrados que debían votar a favor de aceptar todos los recursos de Keiko Fujimori.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Sendón reconoció el jueves por la noche la veracidad de las conversaciones pero alegó que solo seguía la corriente para saber si realmente había un fraude.

El Pleno del JNE intentó dar el viernes pasado un plazo extraordinario al partido fujimorista Fuerza Popular para que presentase todos los recursos de anulación de votos a petición del magistrado Arce.

Sin embargo, horas más tarde, cuando esa decisión trascendió en los medios de comunicación sin que aún hubiera sido promulgada, el órgano electoral se retractó bajo el argumento de que no habían tenido en cuenta una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe variar los plazos del proceso electoral.

Arce renunció al pleno del JNE el pasado miércoles después de que fuesen rechazados en segunda y última instancia varios recursos de Fujimori, lo que sienta precedente para las demás apelaciones en las que la candidata derechista alega, sin haber aportado pruebas fehacientes, un «fraude sistemático» en las urnas.

Aún sin proclamar al nuevo presidente

Esa denuncia fue lanzada por Fujimori al día siguiente de los comicios, celebrados el 6 de junio, cuando ya se hacía evidente e irreversible su tercera derrota consecutiva en unas elecciones presidenciales.

La revisión por parte del JNE de las demandas de Fujimori impide aún la proclamación oficial de Castillo como presidente electo, quien aventajó a su rival en la segunda vuelta por unos 44.000 votos.

El fraude ha sido descartado por las misiones electorales que supervisan el proceso, entre ellas la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), además de organismos nacionales como la Asociación Civil Transparencia y la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá han avalado la corrección de las elecciones peruanas.