Con las críticas de ELA y LAB, se ha firmado el V Plan de Empleo de Nafarroa por parte del Gobierno navarro, CEN, CCOO y UGT y que contempla una inversión de 702 millones de euros procedentes de los Presupuestos del herrialde y de fondos europeos.

La inversión se realizará de manera escalonada en los próximos años, de tal manera que el montante en 2021 será de 172,77 millones (24,6%), 186,51 en 2022, 183 en 2023 y los otros 159,43 millones restantes en 2024.

Según se señala en el citado plan, del total, 299,9 millones de euros (el 42,74%) son para mejorar la competitividad de Nafarroa, a políticas activas de empleo se dedican 277 millones (39,48%), 118 millones a impulsar las relaciones laborales y mejorar la calidad en el empleo, 4,11 a la prevención de riesgos laborales y casi dos a acciones en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

La lehendakari María Chivite ha señalado que el plan, que contará con una comisión de evaluación y seguimiento, es uno de los elementos «más importantes y estratégicos de la legislatura», junto al Plan Reactivar, porque no solo atiende las «urgencias» derivadas de la pandemia, sino que «proyecta el futuro» del herrialde y lo hace desde el «consenso», a pesar de que es criticado por ELA y LAB, que no lo han rubricado.

Y ha precisado que, según ha asegurado, los objetivos prioritarios son la mejora del empleo y la salud laboral, y la eliminación de la desigualdades disminuyendo la brecha de género y el desempleo, y mejorando especialmente la protección de los colectivos con más dificultades, entre ellos jóvenes, mujeres, migrantes, personas con discapacidad, en riesgo de exclusión, con formación básica y parados de larga duración.

Para ello, ha explicado, se han concretado 13 objetivos estratégicos con «medidas para personas y empresas con el propósito de disminuir el paro, evitar la destrucción de empleo, aumentar la competitividad de las empresas, fortalecer el tejido empresarial navarro y un plan de choque para las personas y empresas mas afectadas por la crisis».

Oros objetivos estratégicos citados por Chivite son «el fomento de la FP Dual; disminuir la siniestralidad y mejorar la salud laboral, potenciar la igualdad entre mujeres y hombres, favorecer el empleo de calidad mejorando la empleabilidad, desarrollar el aprendizaje a lo largo de toda la vida y fomentar la capacitación de las personas hacia la transformación digital y la economía circular».

Ha añadido que estas medidas irán de la mano de una mayor modernización del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare y la creación de un nuevo servicio a empresas, y de la inclusión en el currículo desde edades tempranas de formación para el emprendimiento y la vocación empresarial.

Delegados de prevención e igualdad

Como novedades, este V Plan de Empleo recoge la recuperación de los delegados de prevención e igualdad; medidas para los sectores más perjudicados por la pandemia, como hostelería, transporte o cultura; un programa de reactivación para empresas en crisis; acercar las ayudas a las pymes; incentivar los contratos de relevo, así como el consumo y los contratos de personas con dificultades; y una formación adaptada al territorio y al tejido productivo.

Sin ningún plan de empleo desde el año 2009, cuando se firmó el IV, el presidente de la CEN, Juan Miguel Sucunza, ha aludido a «momentos difíciles» antes de cerrar este acuerdo y ha confiado en que sirva sobre todo para que empresarios y trabajadores que peor lo han pasado «tengan una segunda oportunidad».

Tras asegurar que la CEN ha apostado «de forma muy clara por la concertación social», ha indicado que este Plan es «un instrumento útil y eficaz en pro del empleo y la competitividad de las empresas».

El secretario general de CCOO, Chechu Rodríguez, ha señalado por su parte que negociar este acuerdo era «un acto de obligación y de responsabilidad», porque la «delicada situación» que atraviesa la sociedad «exige a sus representantes que actúen» para «dar respuestas», para un acuerdo que gracias al diálogo sea «más justo y equilibrado».

En la misma línea se ha felicitado por la firma el secretario general de UGT, Jesús Santos, ya que el Plan atiende, en su opinión, a lo que «la sociedad demanda» para «hacer comunidad» desde la concertación y a través de un plan que se podrá adaptar a las necesidades y cuyos firmantes serán «exigentes» con ellos mismos.

«No recoge las reivindicaciones de la clase trabajadora»

Tras la firma del V Plan de Empleo de Nafarroa, que no ha sido rubricado por este sindicato, LAB ha denunciado que «no recoge las principales reivindicaciones de la clase trabajadora para garantizar un trabajo digno, y renuncia a un nuevo modelo basado en la interlocución con todos los sindicatos».

La central recuerda en una nota que la reedición de los planes de empleo a través del Consejo de Diálogo Social «fue, la pasada legislatura, una exigencia sistemática por parte de la extrema derecha que representa Navarra Suma y el PSN, así como de la patronal CEN y los sindicatos CCOO y UGT».

Finalmente hoy, «lejos de abrir una nueva etapa que ponga en el centro las necesidades de la clase trabajadora navarra en su conjunto y avance hacia otro modelo basado en la interlocución con todos los sindicatos», la firma del Plan de Empleo «nos hace recordar una etapa anterior en que CEN, CCOO y UGT recibían dinero público de Gobierno de Navarra para financiar sus estructuras y actividad».

LAB critica que «el Gobierno de Navarra de PSN, Geroa Bai y Podemos apuesta por el Consejo del Diálogo Social con una minoría sindical (la suma de CCOO y UGT está en torno al 48% de la representación sindical) dejando al margen a gran parte de la clase trabajadora navarra».

Denuncia que «una muestra del carácter antidemocrático de este marco es que el resto de sindicatos no tenemos derecho a participar en el mismo, teniendo que ser para ello invitados por los empresarios de la CEN, CCOO y UGT, lo que supone una vulneración de nuestra autonomía y libertad sindical».

En consecuencia, LAB pone de relieve que no ha podido participar «en la configuración global del plan de empleo porque CEN, CCOO y UGT, así como el Gobierno de Chivite siguen obcecados con el marco». Sin embargo, ha participado en el plan del SNE-NL ,que constituye una parte importante del plan aprobado hoy. A pesar de ello, se ha opuesto al plan del Servicio Navarro de Empleo porque «no garantiza la igualdad de oportunidades en la contratación de las personas desempleadas (jóvenes, mujeres y migrantes principalmente). Como lo hemos demostrado en la práctica, el problema no es el marco, sino el contenido».

Añade que, en una valoración de urgencia, en relación al fondo destaca que «se confirma que al otro lado de la mesa no hay empresarios dispuestos a alcanzar acuerdos. Gobierno, patronal, CCOO y UGT harán propaganda, hablarán de empleo de calidad, igualdad, formación y prevención de riesgos laborales. Sin embargo, no nos pueden engañar, venimos de una mesa de negociación y los empresarios se niegan a abordar medidas reales y efectivas para solucionar precisamente esos problemas».

De esta forma, destaca que no se recogen las principales reivindicaciones y contenidos de la huelga general del 30 de enero de 2020. Así, «nos encontramos ante un plan en materia de empleo que no aborda la eliminación de la precariedad y la garantía de un empleo digno. Así, nada dice sobre salarios (instamos al Gobierno a que cumpla el acuerdo con EH Bildu para que el salario mínimo de 1.200 euros sea una referencia efectiva en Navarra), jornada laboral (35 horas), garantizar la subrogación en las subcontrataciones o el fin de la brecha machista».

En cuanto a la figura del delegado territorial de Prevención, señala que, «tal y como valoramos en su momento con el fin de los privilegios y los convenios nominativos a CEN, CCOO y UGT en el marco del Servicio Navarro de Empleo, es un paso que el Gobierno plantee llevarlo a cabo a través de la concurrencia competitiva». 

Sin embargo, anuncia al Gobierno que «vamos a permanecer vigilantes para que no se convierta en una herramienta de financiación para los sindicatos CCOO y UGT y para que cuente con contenido. Queremos recordar a este respecto, que el Gobierno anterior, a través del departamento de Manu Ayerdi, les otorgó 400.000 euros para 120 visitas a empresas. Esto supone unos 3.300 euros para cada sindicato por cada visita a una empresa. En contraposición con ello, al Instituto público cada visita le cuesta unos 500 euros, y con esa cantidad podría contratar a 24 técnicos».