Tal y como se venía anunciando en los últimos días. El Gobierno español, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal (CEOE y Cepyme) han firmado este jueves el acuerdo del primer paquete de reforma de pensiones que, entre otras cuestiones, garantizará la revalorización de las pensiones conforme el IPC medio del año anterior. El presidente Pedro Sanchez ha destacado que se trata de un acuerdo «trascendental» y con el que se da «un paso crucial».

Nuevas penalizaciones para las prejubilaciones

Una de las medidas más polémicas es el cambio de los coeficientes reductores para los que se retiran antes de la edad legal de jubilación, que pasan a ser mensuales frente al calculo trimestral actual y se aplican directamente sobre la pensión. Estos porcentajes, en el caso de las voluntarias, van desde un máximo del 21 % a un mínimo del 2,81 %. En cuanto a la jubilación anticipada forzosa o involuntaria van desde un 30 % hasta un 0,5 %.

No obstante, estos últimos trabajadores podrán optar por los coeficientes aplicados a la voluntaria en los dos años anteriores a la edad legal si le son más favorables.

Además, se establecen algunas excepciones a estos coeficientes. Por un lado, se plantea un régimen transitorio de 10 años para los trabajadores que cotizan por encima de la pensión máxima. Por otro, quedan fuera de estos cambios los afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) en 2021 o después de esa fecha si el despido es consecuencia de estos procesos.

Incentivos para la jubilación demorada

También hay nuevos incentivos para la jubilación demorada: una subida de la pensión del 4 % por cada año de retraso, un cheque único de hasta 12.000 euros o una mezcla de ambos. Junto a esto, y para favorecer la permanencia de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo, se ha pactado una reducción del 75 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la incapacidad temporal de aquellos trabajadores de más de 62 años.

Jubilaciones forzosas

La reforma permitirá que los convenios colectivos incluyan la jubilación forzosa, pero solo para mayores de 68 años y con la obligación de contratar de forma indefinida y a tiempo completo a un trabajador de relevo. Los convenios que ya tengan una cláusula de este tipo podrán seguir aplicándolas «hasta tres años después de la finalización de la vigencia inicial pactada».

Becarios

En el acuerdo firmado también se incluye el compromiso de tener, en un plazo de tres meses, el desarrollo reglamentario para la inclusión en la Seguridad Social de las personas que realicen prácticas, aunque no tengan carácter remunerado, con una reducción de cotización del 75%.

Financiación

Del lado de los ingresos, se fija una transferencia de fondos todos los años en los Presupuestos del entorno del 2 % PIB, garantizando así por ley la obligación del Estado de realizar las aportaciones que necesite el sistema para garantizar su equilibrio financiero. El pacto contempla la sustitución del factor de sostenibilidad por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que deberá estar definido en cinco meses y que operará a partir de 2027. Estos dos cambios suponen acabar con la reforma aprobada en 2013 por el PP y volver al consenso de 2011.

Reacciones

El presidente Pedro Sanchez ha destacado que se trata de un acuerdo «trascendental» y con el que se da «un paso crucial». «Comenzamos a saldar una de las principales reivindicaciones y demandas, y también uno de los principales compromisos que tiene el Gobierno, que es la revalorización de las pensiones conforme al IPC para que los pensionistas no puedan volver a perder ese poder adquisitivo», ha subrayado.

«Este acuerdo de pensiones es la respuesta a la necesidad de un nuevo contrato intergeneracional en España. El acuerdo alcanzado lanza un mensaje de tranquilidad y certidumbre para las presentes y futuras generaciones», ha señalado el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha señalado a través de sus redes sociales que el objetivo del acuerdo es «garantizar la viabilidad y sostenibilidad» del sistema de pensiones.

Por su parte, el secretario general de UGT José María Álvarez ha destacado que para los sindicatos era muy importante restablecer el consenso y el acuerdo y volver a la situación de 2011. No obstante, ha indicado que el acuerdo es «importante en si mismo, porque restablece la revalorización automática de las pensiones y los pensionistas no volverán a depender, como ha pasado en estos últimos años, del Gobierno de turno». «Van a tener la seguridad de que sus pensiones se van a revalorizar con el coste de la vida, gobierne quien gobierne», ha remarcado.

Muy diferente ha sido la postura de los sindicatos de Euskal Herria. ELA y LAB consideran que esta reforma «va a suponer nuevos recortes». ELA indicó hace unos días que este año afectarán a la jubilación anticipada y en 2022 a las nuevas pensiones, mientras que LAB comentó que «los recortes que estableció la reforma de pensiones de 2011 se mantienen».