El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha hecho pública su valoración del primer paquete de reforma de las pensiones acordado por el Gobierno español y agentes sociales, en el que aprecia algunas medidas positivas, pero advierte de que siguen existiendo amenazas contra el sistema, al tiempo que denuncia que las pensiones mínimas han quedado de nuevo «en la estacada».

En un comunicado, señala que «lógicamente consideramos positivo revalorizar las pensiones según el IPC medio anual», al igual que «sustituir los préstamos por trasferencias y los puntos que hacen referencia a las parejas de hecho, la extensión del derecho a la cotización y la mejora de los convenios especiales de personas cuidadoras familiares».

Sin embargo, aprecia que siguen existiendo una serie de amenazas contra el sistema público de pensiones. Así, destaca que la privatización del sistema a través de planes privados de empresa «se mantiene y se empezará a concretar a partir de ahora para ser incluida en la segunda parte de la reforma».

Critica que se olvida «la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo de las pensiones realizado en los últimos años» y que, aunque formalmente se deroga el factor de sostenibilidad, éste será sustituido por el Índice de Equidad Intergeneracional, inspirado en la reforma de 2011 y que «tendrá el mismo efecto negativo respecto a las nuevas pensiones, las cuales se reducirán de forma continuada y acumulativa, porque se basa en los mismos principios».

Recuerda que se acepta «incrementar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada o la aplicación de dichos coeficientes sobre la pensión neta y no sobre la base reguladora para reducir las pensiones».

Considera que «sigue sin resolverse el problema de garantías para la financiación de las pensiones» y la incertidumbre sobre la estabilidad financiera del sistema «se mantiene en la medida que no se derogue la reforma laboral, se haga una apuesta decidida por el empleo de calidad y se reconozca la deuda del Estado con la Seguridad Social. Esta incertidumbre seguirá siendo instrumentada para impulsar nuevas reformas que reduzcan las pensiones públicas».

Añade que el incremento de los años de cotización necesarios para alcanzar el 100% «sigue vigente y simplemente se pospone un año y se cambia de nombre».

Califica de «inconcebible que no haya mención alguna al incremento sustancial de las pensiones mínimas. Estas pensiones deberían haber sido incrementadas al menos con el porcentaje de incremento del SMI, ser equiparadas al SMI y alcanzar el nivel de suficiencia fijado por la Carta Social Europea para el SMI, comenzando por una pensión mínima de 1.080 euros».

También considera «inaceptable» que «no se dé ningún paso para erradicar la brecha de género en pensiones consolidando un derecho subjetivo de las mujeres a una pensión digna y suficiente y mejorando la pensión de viudedad».

«Ratifica los recortes»

En general, denuncia que el acuerdo alcanzado «ratifica los recortes de las pensiones de la reforma de 2011; cambia de nombre el Factor de Sostenibilidad, pero mantiene su esencia; deja la puerta abierta a la privatización del sistema público de pensiones y a nuevos recortes, y no garantiza la financiación suficiente para el SPP». Por lo tanto, «la mayor parte de nuestras reivindicaciones siguen pendientes».

Y añade que «nada se dice de la asunción por parte del Estado de la deuda de la Seguridad Social acumulada por los préstamos concedidos que deberían haber sido transferencias».

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria concluye señalando que «hemos conseguido dejar sin efecto la reforma de 2013 y tenemos que seguir en la calle para conseguir nuevas victorias. La movilización es nuestra mejor garantía y no aceptamos el papel de convidados de piedra en la reforma que se está realizando».