¿Qué impacto provoca la actual emergencia habitacional en una ciudad como Barcelona?

La más evidente son los miles de vecinos que se han quedado sin vivienda o están a punto de perderla. Familias para las cuales no hay recursos suficientes para afrontar esta situación, pues el sistema de ayudas está colapsado y la red de pensiones destinada a las personas desahuciadas no puede absorber tanta demanda. Todo ello conlleva un gran perjuicio social, pero también en la salud física y mental de quien padece esta lacra.

¿Pone de relieve la vulneración de derecho a la ciudad?

Sin duda, pues al tener que buscar vivienda fuera del municipio, las personas abandonan la comunidad donde han establecido sus vínculos y en la cual sus hijos crecían e iban a estudiar.

¿Cuándo se origina este proceso de gentrificación?

Empieza después de la crisis económica de 2008, cuando para salvar a la banca de sus activos tóxicos, los países ricos facilitan que los fondos de inversión con capacidad financiera compren edificios enteros y los revendan a un precio más alto. Así ha ocurrido en Catalunya y, especialmente por su atractivo turístico, en Barcelona.

¿En qué medida esto ha transformado la fisonomía urbana?

Se observa lentamente. Al no existir una estructura económica y social que sostenga a los vecinos y al pequeño comercio, el sector inmobiliario vinculado al turismo se adueña del centro, los supermercados sustituyen al establecimiento de barrio y los fondos de inversión se apropian de un parque de viviendas donde, si antes residían los vecinos de toda la vida, hoy lo hacen trabajadores de gran poder adquisitivo que pernoctan por temporadas.

¿A qué nos conduce esta tendencia?

Si no se revierte, Barcelona puede convertirse en una City de Londres, con la paradoja de que los proyectos impulsados por el Ayuntamiento para mejorar las relaciones comunitarias no podrán ser aprovechados por los vecinos que los demandan. Muchos habrán marchado debido al encarecimiento de sus pisos.

La mercantilización se centraba antes en la compra. ¿Por qué ahora ha mutado a los alquileres?

Lo ha permitido una Ley de Arrendamientos que reduce los contratos a tres años y da potestad al propietario de no renovarlos o subirlos a precios desorbitados. Con estas condiciones, es lógico que la especulación campe a sus anchas sin nada que la frene.

¿El Real decreto que el Gobierno español aprobó el pasado año no ha ayudado a mitigarla?

El PSOE se ha alineado con las tesis del sector inmobiliario, pues no es gratuito que el exministro y exalcalde de Barcelona, el socialista Joan Clos, presida la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), que agrupa Blackstone, La Llave de Oro, Tectum y otros fondos buitre. La cuestión radica en si algún día escuchará al movimiento por la vivienda e intervendrá para que se limiten los precios del alquiler y estos se prorroguen cuando expira el contrato. Hasta que no formule una ley que lo establezca, la situación no hará más que empeorar.