«La emisión de CO2 debe de tener un precio», ha subrayado este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la presentación de trece iniciativas legislativas con acciones concretas en el transporte, la energía, el mercado de emisiones de carbono o la biodiversidad.

Este paquete normativo se ha denominado en inglés ‘Fit For 55’ (En forma para el 55), en referencia al compromiso de la UE de reducir para 2030 sus emisiones equivalentes de dióxido de carbono al menos en un 55% con respecto a 1990. Este será un paso intermedio para alcanzar la neutralidad climática en 2050, es decir, para no liberar más CO2 del que pueda absorber el territorio de la UE.

Entre otras medidas, el Ejecutivo comunitario propone aumentar el tipo mínimo de impuestos a los combustibles fósiles y gravar por primera vez el queroseno utilizado en la aviación en la UE para reducir el uso de fuentes de energía contaminantes en la próxima década.

Plantea también prohibir la venta de coches con motores de combustión e híbridos a partir de 2035, un objetivo vinculante para el que reclama el despliegue de una red suficiente de recarga en toda la Unión.

Nueva fiscalidad energética

Bruselas considera que la actual directiva sobre fiscalidad energética, que data de 2003, se ha quedado obsoleta, ya que fija tipos mínimos para cada sector que suelen ser inferiores a los que ya imponen los Estados miembros y permite excepciones estatales que incentivan el uso de combustibles fósiles muy contaminantes cuando la Unión quiere avanzar justo en la dirección contraria.

Para corregir la situación, plantea eliminar las exenciones que ahora favorecen a estos combustibles y permitir los tipos reducidos solo para fuentes de energía limpias, así como fijar las tasas en función del contenido energético del combustible –medido en euros por gigajulio (GJ)– y no de su volumen.

Actualmente, los tipos mínimos se miden en euros por litros de combustible, lo que beneficia al diésel o la gasolina en detrimento de los biocombustibles, ya que estos tienen menos contenido energético por litro, una «ventaja escondida» que desaparecería con el nuevo sistema, según han señalado fuentes comunitarias.

Por el contrario, se reducirán los tipos mínimos para las renovables con la intención de favorecer su uso y convertir a la electricidad en la fuente más barata de energía en términos fiscales.

El paquete legislativo debe ser negociado por los Estados miembros, representados en el Consejo, y el Parlamento Europeo, y necesitará el apoyo unánime de los Veintisiete para entrar en vigor.

De aprobarse en su redacción actual, los tipos mínimos para los combustibles fósiles subirán con la entrada en vigor de la nueva directiva, prevista para 2023, e irán incrementándose progresivamente hasta 2033, cuando termine el periodo transitorio para aplicarla.

La automoción, con excepciones

Respecto al sector de la automoción, la Comisión quiere centrar los esfuerzos en los coches y furgonetas porque representan el «gran problema» de la UE para controlar las emisiones, por lo que los vehículos de dos ruedas quedan excluidos de las nuevas normas.

Tampoco afectará a los vehículos pesados porque están cubiertos por una legislación más reciente que Bruselas sopesa revisar el próximo año, cuando tenga más datos sobre esta flota y su huella ecológica.

Y aunque los automóviles híbridos están también «llamados a desaparecer», tienen aún un papel relevante que jugar en la reducción progresiva de emisiones.

Para asegurar la transición de los particulares a coches de batería o hidrógeno, Bruselas pretende que los Estados miembro tomen medidas para asegurar que podrán recargar sus vehículos cuando transiten por el territorio europeo.

De este modo, la propuesta presentada este miércoles prevé un punto de recarga eléctrica fijo cada 60 kilómetros en la red transeuropea de transporte (TEN-T) y cada 150 kilómetros para el repostaje de hidrógeno.

El inédito impuesto al queroseno de aviación

El fin de la producción de coches diésel o gasolina es una de las medidas clave pero no la única de este vasto paquete, que incluye también iniciativas que afectarán a los sectores aéreo y marítimo.

Así, se introducen por primera vez impuestos al queroseno, combustible usado en aviación, y a los fuelóleos pesados, que se utilizan en navegación marítima, para los viajes dentro de la UE, que hasta ahora estaban exentos.

«En un periodo de diez años, las tasas mínimas para estos combustibles aumentarán gradualmente, mientras que los combustibles sostenibles para estos sectores tendrán un tipo mínimo cero para fomentar su uso», ha explicado la Comisión.

¿Cómo repercutirá en las facturas de los consumidores?

A Bruselas le preocupa la falta de compromiso por parte de los Estados miembro en la reducción de emisiones en áreas como el transporte por carretera o la construcción, por lo que plantea un sistema de comercio de emisiones (ETS) paralelo para la distribución de combustible en estos dos sectores.

El vicepresidente comunitario responsable del Pacto Verde, Frans Timmermans, ha querido subrayar en rueda de prensa que este nuevo sistema se aplicará «a los proveedores de combustible y no a los hogares ni a los conductores» a partir de 2025.

Conscientes de que parte de esta medida podría repercutir en la factura de los usuarios, la Comisión plantea la creación de un Fondo Social para el Clima con el que ayudar a los colectivos más vulnerables a cumplir con el nuevo sistema.

El fondo contará con recursos del presupuesto de la Unión hasta sumar el equivalente a un 25% de los ingresos previstos a través del sistema ETS para edificios y carreteras, lo que según las estimaciones de Bruselas supondrá 72.200 millones de euros para el periodo 2025-2032.