El agente de la Guardia Civil que actuó como secretario de la diligencia que dio origen al sumario 13/13 ha explicado que esta causa tiene su origen en un operativo desarrollado junto a la Polcía francesa en mayo de 2008, en el que fueron detenidos en Burdeos Xabier López Peña, Ainhoa Ozaeta, Jon Salaberria e Igor Suberbiola. De nuevo, la documentación incautada a López Peña (fallecido en 2013) sirve a las autoridades españolas para construir una causa que se juzga trece años después.

Según ha relatado el agente, que ha sido citado como testigo pero que en su declaración ha llegado a actuar como perito como han denunciado las defensas, la Guardia Civil recibió documentación de la Policía francesa sobre «el aparato político de ETA, de gestión y cobro del impuesto revolucionario y de potenciales objetivos de atentados». Dentro de ese conjunto de 120.000 documentos escritos en euskara, castellano y francés apareció, según el testigo, la documentación referida a Halboka, que se juzga en esta causa.

Esa documentación fue la base para la elaboración de un informe por parte de la Guardia Civil que se entregó en el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional española para solicitar autorización para los registros de los despachos de abogados de Hernani y Bilbo y las consiguientes detencios. Este informe no recoge firma alguna, pero el agente que ha declarado la ha validado como «jefe del grupo de análisis». En este informe es donde se atribuye a los diferentes acusados los alias que sirven de base para las imputaciones a las que tienen que hacer frente.

El testigo ha relatado que Halboka «no es solo el frente jurídico», sino que también se ocuparía del control de caídas ante una detección policial o de las eventuales fugas de prisiones. El «frente jurídico» no sería más que, según su relato, de un apartado más de Halboka «formado por abogados próximos a las organizaciones abertzales cercanas a ETA».

El agente también se ha referido a la intervención del CNI en esta investigación, uno de los argumentos esgrimidos por las defensas para alegar indefensión de sus patrocinados. Ha confirmado que el CNI intervino en la investigación, pero ha matizado que no entregó a la Guardia Civil los brutos de las intervenciones de comunicaciones realizadas por la organización de inteligencia sin control judicial. Según ha explicado, el procedimiento consistió en que la Guardia Civil reclamaba al CNI información sobre una cita concreta y la organización de inteligencia entregaba al instituto armado «los datos que solicitábamos, nos aportaban expresamente el mensaje de texto de ese día o el extracto de la conversación, nunca el bruto».

El agente ha añadido que se localizó en un monte del Estado francés un zulo con armas de ETA gracias a la información recabada en un pendrive incautado en el despacho de abogados de Bilbo.

Registro

Un segundo agente de la Guardia Civil ha comparecido para testificar sobre el registro del despacho de abogados en el que trabajaban Arantza Zulueta y Naia Zuriarrain y ha señalado que no recordaba que el letrado del Colegio de Abogados de Bizkaia que se personó en el lugar formulase una protesta por la vulneración del secreto profesional.

Ha relatado asimismo que encontraron dispositivos informáticos en lugares inusuales como detrás de un cuadro o en el baño, lo que también se produjo, según su declaración, en el domicilio de Arantza Zulueta en una funda de una tabla de surf o en una aspiradora.

A preguntas de la defensa de Zulueta, ha negado que se expulsara a las personas que estaban trabajando en el despacho para practicar el registro. Curiosamente, lo ha hecho respondiendo a Alfontso Zenon, abogado de Zulueta, que según el agente fue quien les indicó cuál era el despacho de la acusada.

Este agente ha revelado que conocía las características del despacho de abogados porque en 2009 ya había participado en la detención de Iñaki Goioaga en esas mismas dependencias.

Interrumpido hasta el 26

Tras ello, el juicio ha quedado suspendido hasta el 26 de julio, lunes. El calendario diseñado inicialmente prevé que la vista oral se realice este mes y se reanude luego en setiembre.

El tribunal ha aceptado además que dos de las acusadas, Naia Zuriarrain y Saioa Agirre, puedan no acudir a algunas sesiones por tener menores a su cargo.