El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, ha calificado este jueves de «sorprendente y chocante» la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional el confinamiento de marzo a junio de 2020 y, tras advertir de que «traerá consecuencias importantísimas» ha advertido de que «deja en agua de borrajas buena parte de lo que se ha hecho».

Erkoreka ha recordado que la decisión del Constitucional cuestiona un estado de alarma «que ha marcado la conducta, comportamiento y modos de hacer» no solo de la ciudadanía sino del conjunto de instituciones públicas, y que se haga «por una cuestión de nomenclatura o de adaptación a un tipo u otro de los previstos en la ley».

A su juicio, la Ertzaintza y las policías locales «cumplieron rigurosamente el cometido que se les encomendó de ser exigentes, de ser rigurosos». El Departamento de Seguridad realizó, según ha dicho, «un esfuerzo organizativo importante», con contratación de nuevo personal e inversión en una aplicación informática, ante la «repentina multiplicación por 40 del número de expedientes sancionadores» que se tramitan anualmente.

Josu Erkoreka considera que ahora «buena parte de lo que se ha hecho puede quedar en agua de borrajas». «Puede comprenderse el desánimo que transmite una decisión de este tipo tras el esfuerzo ímprobo desarrollado y pedido a los cuerpos policiales», ha indicado.

Ha emplazado a que la sentencia «se dicte con todo sus contenidos» para conocer «el alcance y cuáles son las consecuencias que va a suponer para los expedientes que han sido abiertos y se encuentran en tramitación».

Datos de sanciones

Según ha apuntado, en base al primer estado de alarma se han tramitado 22.955 denuncias, 13.500 denuncias por parte de la Ertzaintza y otras 9.500 de las policías locales. A ellas hay que añadir las que tramitan los ayuntamientos de Barakaldo, Bilbo y Gasteiz, que tienen proceso sancionador propio de las denuncias del estado de alarma.

Sumando además las de Nafarroa e Ipar Euskal Herria, sus datos parecen corresponderse con los de colectivos alternativos que elevan la cifra de sanciones en estos tres meses a cerca de 45.000 en el conjunto del país.

Los expedientes que Lakua controla se encuentran «en muy diferente fase de tramitación», según Erkoreka, ya que algunos expedientes se han concluido y las sanciones «han sido pagadas» en unos 5.000 supuestos. Ahora, habrá que esperar a ver si el TC dice que es obligatorio volver a restituir la situación original «en todos los supuestos, se haya pagado la multa o no, se haya recurrido o no». Algunas voces apuntan a que solo habría derecho a devolución si se recurrió, pero aún no hay nada seguro.

«Son muchísimos los expedientes puestos en marcha, muchos de ellos resueltos e incluso recurridos y resueltos en vía judicial. El Tribunal tendrá que dejar algún criterio clara para indicarnos cómo actuar», ha concluido.